En Vivo
 
 

Noticias

Avanza proceso de aprobación de Ley sobre actos de odio y discriminación en internet

Avanza proceso de aprobación de Ley sobre actos de odio y discriminación en internet

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso de Honduras se encuentra a un paso de aprobar, de manera definitiva, el Proyecto de “Ley Nacional de Ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales”.  El cuerpo legal fue aprobado en segundo debate la semana pasada y debe pasar por un tercer y último debate para su sanción definitiva.  Según el proyecto de ley, los administradores de sitios web que producen y transmiten contenidos por Internet deberán bloquear o suprimir “contenido ilegal” o que tengan “connotaciones discriminatorias” dentro de las 24 horas después de recibir un reclamo de un ciudadano que se manifieste afectado, pero sin que medie orden judicial ni debido proceso y dejando librado a la decisión de la empresa de Internet si el reclamo es correcto. Con una tipificación vaga e imprecisa de las posibles infracciones y la falta de mecanismos democráticos adecuados para resolver un posible conflicto de derechos en línea, el proyecto plantea serios riesgos a la libertad de expresión y no respeta los estándares elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Tampoco los consensos alcanzados a través de los “Principios de Manila” respecto a la responsabilidad de los intermediarios. Allí se afirma, que no se pueden remover contenidos sin una orden emitida por una autoridad judicial, entre otras cuestiones. La normativa define como “contenido ilegal” a la "incitación o discurso de odio, discriminación o las figuras delictivas de injuria; calumnia; ciberterrorismo o terrorismo electrónico; incitación a la discriminación; producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad; y, amenazas, conforme a las definiciones que para ellos establezca el Código Penal, así como Bullying Cibernético”. El proyecto de ley contraviene las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la despenalización de las figuras de injurias y calumnias, por considerar que pueden conllevar a silenciar ideas y opiniones y, por ende, afectar a la libertad de expresión. De igual manera, la propuesta legal prevé sanciones económicas que van de US$ 2.100 a US$ 42.000, y pueden llegar a la suspensión y bloqueo del sitio web donde se publicó el contenido demandado. En el caso de remoción, el documento prevé que “el contenido debe ser asegurado para propósito de prueba en caso de que la persona agraviada decida proceder penalmente”. Además se establece que los proveedores de servicio de Internet deben mantener el registro de las direcciones IP de los usuarios por 30 días. El proyecto de ley crea el Comité de Ciberseguridad, integrado por distintas dependencias gubernamentales, encargado del diseño, implementación y supervisión de la estrategia nacional de Ciberseguridad. A su vez se crea un Consejo de Veeduría Social, “como un mecanismo de participación social”, para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comité, con capacidad de emitir informes y participar de reuniones pero solo cuando es requerido por el Comité. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) repudió el proyecto y amenazó con denunciarlo en instancias nacionales e internacionales. “Nosotros esperamos que la Comisión de Dictamen haya pedido la opinión consultiva a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente al Relator Especial y que elimine aquellos aspectos que violenten la libertad de expresión”, aseguró Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH. Fuente: OBSERVACOM
La Amazonia es sujeto de derechos en Colombia

La Amazonia es sujeto de derechos en Colombia

Bogotá, Colombia.- En un fallo considerado histórico, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunció a favor de declarar a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos y ordenó a las instancias estatales implementar planes de acción de corto, mediano y largo plazo para su protección. La decisión judicial se dio en respuesta a un reclamo presentado contra el Estado por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos entre 7 y 25 años de edad, o tutelantes, “que viven en ciudades que hacen parte de la lista de ciudades de mayor riesgo por el cambio climático”, quienes solicitaron “el amparo de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxime cuando la amenaza a la degradación del ambiente, a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana, redunda negativamente sobre éstos”. “Sin un ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podemos sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las generaciones venideras”, dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 5 de abril. Para la CSJ, “la conservación de la Amazonia es una obligación nacional y global, se trata del principal eje ambiental existente en el planeta, por tal motivo se le ha catalogado como el ‘pulmón del mundo’, por cuanto (…) representa el 6% de la superficie del planeta y ocupa 40% del territorio de América Latina y el Caribe. Sus 38.7 millones de habitantes [incluidos 385 pueblos indígenas] constituyen el 11% de la población de los ocho países amazónicos [Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela]”. La Amazonia tiene una extensión total de 7.8 millones de km², sus ríos aportan aproximadamente el 20% del agua dulce del planeta. El río Amazonas, considerado el más largo y caudaloso del mundo, tiene 6,900 km de extensión, mientras que la cuenca amazónica posee 25,000 km de ríos navegables. Además, contiene 30,000 especies de plantas vasculares, incluyendo entre 5,000 a 10,000 especies de árboles. Según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre 1990 y el 2016, Colombia perdió más de 2.1 millones de hectáreas de bosques. En el 2016 fueron deforestadas 178,597 Ha, 44% más que en el 2015, cuando la deforestación alcanzó 124,035 Ha. Sólo en la Amazonia, que constituye el 67% de la superficie boscosa colombiana, se deforestaron 70,074 hectáreas. La CSJ ordenó también a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación a cero con estrategias medibles. Y a las Corporaciones Autónomas de la Amazonía (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Cormacarena y Corpoamazonía) expedir un plan de acción para reducir la deforestación. “El fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global”, aseveró el director de Dejusticia, César Rodríguez Garavito. “En este caso, además de recoger el consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático, el fallo avanza al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, lo que permite proteger ese ecosistema esencial para Colombia y la humanidad”. La medida también constituye un paso adelante en cuanto al concepto jurídico conocido como la Jurisprudencia de la Tierra o Derechos de la Madre Tierra, incluido en la propuesta hecha en el 2009 por el presidente de Bolivia, Evo Morales, a la Asamblea General de las Naciones Unidas de elaborar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que busque crear un marco legal que promueva no sólo la protección y preservación del medio ambiente sino también una relación de armonía entre las personas y la Pachamama. Fuente: Noticias Aliadas