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Amazonía

Comunidad Shuar de Tundayme exige reparación integral de su territorio

Comunidad Shuar de Tundayme exige reparación integral de su territorio

Washington, Estados Unidos.- La comunidad indígena CASCOMI en Tundayme, Provincia de Zamora Chinchipe, en el sur oriente de Ecuador, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, CIDH-OEA, el despojo del territorio y destrucción de poblados para entregarlos a empresas mineras.  Frente a esta situación, el representante de la comunidad amazónica, Luis Sánchez Zhiminaycela, exigió la “reparación integral de su territorio que garantice la vida digna y con libertad, acorde a la cosmovisión y cosmovivencia de las familias”. Según el dirigente continúan los depojos de los territorios de las comunidades indígenas de la Cordillera del Cóndor, invadido el 11 de agosto 2016, zona que desde entonces contínua militarizado. “Tanto familias Kichwa y Shuar vivimos hostigados, intimidados, amenazados, privados de libre circulación en nuestro territorio, por guardias de seguridad privada de minera china Tongling Tongguan con apoyo de policía y ejército nacional nos exige  identificación y sigue a las familias en caminos públicos para saber nuestro destino”, dijo. Breve recuento de hechos 12 de mayo 2014: con 50 policías, guardias de seguridad privada de la minera, trabajadores y personas con pasamontañas ingresan abusivamente al territorio comunitario de San Marcos y destruyen los patrimonios de la comunidad: iglesia, escuela y lugares de esparcimiento, construidos mediante trabajo comunitario (minka). 30 septiembre 2015: 4h30, 16 familias son despojadas de su territorio de manera violenta física y psicológica. Destruyeron las casas con maquinaria pesada, excavaron y enterraron sus escombros en el mismo sitio, en presencia de las familias. 15, 16 de diciembre 2015: 6h00, se repite el desalojo violento, ahora a 14 familias, utilizando incluso gas lacrimógeno. Se llevaron más de 200 cabezas de ganado en camiones. 4 de febrero 2016: la minera y estado ejecuta despojo solapado a Rosario Wari, anciana shuar de 95 años, privándole de vivir donde nació y donde están enterrados sus ancestros. 13 de mayo 2016: la minera, con maquinaria pesada, destruyó varias chacras cultivadas, estas excavaciones causó el desborde del rio Kiim, inundando el centro poblado Yanua Kiim,  perjudicando a las familias de José Tendetza, líder shuar anti minero asesinado el 4 diciembre 2014. Para Luis Sánchez Zhiminaycela representante de la comunidad indígena CASCOMI, “el desalojo de nuestro territorio es mucho más que perder un techo. Nos han usurpado nuestros medios de vida, nos arrancaron de la tierra que nos da identidad”… “Mi hija me pregunta: Papá por qué no vamos a nuestra casa… y yo no tengo respuesta”. Al concluir su relato ante la CIDH, enfatizó el gravísimo daño que se está haciendo a la Pachamama, los animales han huido, (ya no hay caza), los ríos permanecen contaminados con lodo (ya no hay pesca), el bosque originario (endémico) esta alterado, nuestra identidad espiritual está amenazada. La comunidad indígena CASCOMI es territorio ancestral de la nacionalidad shuar, base filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana -CONFENIAE y estructura organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE. Vengo desde la Cordillera del Cóndor donde inicia la cuenca amazónica, territorio ancestral de la nacionalidad shuar. La audiencia pública, fue gestionada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), quien fundamentó jurídicamente los casos que se presentaron ante la CIDH el viernes 17 de marzo, ante la vulneración del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas en América del sur. Fuente: Cáritas Ecuador
Indígenas Awajun denuncian en la CIDH impactos por explotación petrolera

Indígenas Awajun denuncian en la CIDH impactos por explotación petrolera

Washington, EEUU.- El representante indígena del pueblo Awajun, Zebelio Kayap Jempekit, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la actividad petrolera que se desarrolla en el territorio de las comunidades indígenas ha generado rupturas entre las comunidades Awajun y Wampis y la comunidad de Kashap, así como graves impactos en la flora y fauna, fuentes de alimentación de las comunidades. Así manifestó durante la audiencia temática de la CIDH que se cumplió la mañana del viernes 17 de marzo de 2017, en la que la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, expuso el proceso de acompañamiento integral y promoción de derechos humanos a algunos territorios de cinco países que por el momento conforman Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, países en los se ha constatado y documentado serias violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas. Según explicó el líder indígena Awajun, las actividades petroleras se desarrollan en el Lote 116, ubicado en la cuenca del Marañón, provincias de Condorcanqui y Bagua de la región Amazonas, sin que antes los pueblos indígenas hayan sido consultados. El dirigente indígena denunció que el Lote 116 fue adjudicado el año 2006 (mediante al decreto supremo 066-2006-EM) a la empresa petrolera Hocol, sin consulta previa. El caso ha sido judicializado a través de una demanda de amparo en agosto de 2014 por omisión de consulta, sin embargo a pesar de la urgencia de un proceso constitucional, “increíblemente, se ha cambiado hasta cuatro veces de magistrado y a casi tres años después de presentada la demanda, la adjudicación no ha sido anulada”. El líder indígena afirmó que en los últimos meses, la empresa, busca reubicarse dentro del lote para proseguir con sus actividades. “Esta situación ha sido promovida por la normativa peruana al exigir que la empresa con el derecho sobre el subsuelo, negocie directamente con la comunidad por el acceso al suelo”, ha generado “una gran tensión dentro del lote y entre las propias comunidades” relató el representante del pueblo Awajun. De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, se establece la obligación de los Estados de realizar una evaluación de la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente respecto de los proyectos o actividades de desarrollo en los pueblos indígenas. Lo que busca esta evaluación sobre incidencia de los proyectos es que las limitaciones que pueda tener el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas no implique un menoscabo a su subsistencia como pueblo, y que precisamente los principales interesados sepan los posibles riesgos de las actividades dentro de su territorio, por tal motivo, este estudio debe anteceder a cualquier concesión que se realice. El Lote 116 está ubicado en la cuenca del Marañón, provincias de Condorcanqui y Bagua de la región Amazonas, y una parte menor en la región Loreto, provincia Datém del Marañón, se superpone sobre el territorio ancestral y titulado de los Pueblos Indígenas Awajún y Wampis, Con una población de 200 mil miembros. Dentro del lote 116 se encuentran ubicadas aproximadamente 73 comunidades, de las cuáles 3 comunidades (entre ellas, Kashap) trabajan directamente vinculadas a las empresas petroleras. Además, el lote se superpone a dos Áreas Naturales Protegidas: la Zona Reservada Santiago Comaina (en el 36,6% de su extensión) y a la Reserva Comunal Tuntanain (en el 48,5 % de su extensión). El lote 116 tiene una superficie total de 658,879.677 hectáreas. En la Audiencia en la CIDH, la REPAM hizo un llamado a la reflexión a las autoridades sobre la necesidad de “buscar y encontrar nuevos caminos para tratar de armonizar el respeto de los derechos humanos y del ambiente con el desarrollo económico y productivo. Reafirma “el derecho al territorio en un marco de principios y estándares de derechos humanos, es requisito y garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales de los pueblos indígena”.