La Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) llevó al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas dos casos de vulneración de derechos en la Amazonía de Perú y Ecuador. Los dos casos se exponen en el contexto del tema de este período de sesiones del Foro, dedicado a “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos”.

Los casos se presentan en el marco del 17º período de sesiones del Foro Permanente de la ONU para cuestiones indígenas que tiene lugar en Nueva York desde el 16 y que se extiende hasta el 27 de abril.

La REPAM participa un año más en este espacio con tres objetivos muy concretos: dar visibilidad ante la ONU de la situación de vulneración de derechos humanos que viven los pobladores de la Amazonía; hacer llegar la voz directa de los pueblos, comunidades y personas que están padeciendo en su vida diaria agresiones constantes y con plena impunidad a su identidad, a sus costumbres y el daño irreparable del entorno natural; y tomar conciencia de que es la casa común la que está en peligro, no sólo la Amazonía.

Para poner rostro a estas vulneraciones de derechos, la REPAM ha desplazado a Nueva York una delegación en la que participan dos mujeres líderes de Ecuador y Perú, Elvira de Jesús Arévalo Ordóñez y Augostina Mayán Apikai, que expondrán ante el Foro los casos, respectivamente, de las comunidades campesinas e indígenas de Tundayme, en la Cordillera del Cóndor de Ecuador, y del Pueblo Indígena Awajún y de la protección del Parque Nacional Ichijat Muj, en esa misma Cordillera del Cóndor, pero en la parte del Perú.

Comunidades indígenas de Tundyame, en Ecuador

El caso que afecta a las comunidades campesinas e indígenas de Tundayme, en Ecuador, tiene que ver con el impacto de “Mirador”, un proyecto de minería a gran escala a cielo abierto, cuyos depósitos contienen materiales de cobre, plata y oro. Desde 2010, el proyecto se encuentra concesionado a la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio China Railway Construction Corporation Limited CRCC y Tongling Nonferrrous Investment Co. Ltd. (TNM).

El proyecto consiste en 11 concesiones mineras de una extensión de 9.928 hectáreas, localizadas en la zona fronteriza de Ecuador y Perú, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón el Pangui. Este territorio también es conocido como la Cordillera del Cóndor, uno de los ecosistemas más frágiles y con mayor diversidad del Ecuador. Se calcula que la zona alberga más de 600 especies de aves, incluyendo 14 de ellas en peligro de extinción, 120 especies de anfibios y otras 59 de reptiles. Asimismo, se ha contabilizado que en cada hectárea de la Cordillera crecen más de 220 especies de árboles.

Las actividades mineras de ECSA, afectan a las comunidades indígenas y centros poblados. De acuerdo a la Comunidad Indígena Cascomi, la concesión, otorgamiento de permisos ambientales y firma del contrato se realizó sin adecuados procedimientos de consulta previa, libre e informada, a pesar de que la legislación internacional y la Constitución ecuatoriana reconocen ampliamente este derecho.

Así mismo, CASCOMI ha denunciado que ECSA ha utilizado todo tipo de tácticas para ocupar las tierras de comunidades indígenas y campesinas, a fin de facilitar el desarrollo del proyecto. Es más, advierte que la empresa manipuló los precios de la tierra, aprovechándose las necesidades económicas de las comunidades indígenas. Además, se constatado que la empresa ha incluido la participación de testaferros para la negociación y compraventa de las tierras, los cuales declaran que el uso del suelo estaría dispuesto para otro tipo de actividades productivas, como los son la agricultura o ganadería.

El caso ‘Mirador’ es conocido por los desalojos de las familias que habitaban en el entorno. Estos comenzaron en 2010, antes de la firma del contrato de explotación, donde la compañía desalojó a 13 familias del poblado de San Marcos, con ofrecimientos de dinero y la reubicación de sus hogares. El 12 de mayo de 2014, ECSA demolió la iglesia de San Marcos y destruyó los espacios comunales de esparcimiento (parques, canchas, juegos infantiles, escuela) para construir un espacio para el lavado del material aurífero.

Frente al rechazo mayoritario de las comunidades locales, ECSA solicitó la medida administrativa denominada “Servidumbre Minera”, que permite al Estado apropiarse de tierras comunitarias para garantizar a la empresa sus operaciones. Haciendo uso de ella, desde 2013 “Mirador” ha aplicado 47 servidumbres mineras, 14 de las cuales comprometen los territorios de Cascomi.

Con la aplicación de esta medida, se han desalojado violentamente a 32 familias y a un total 116 personas de las parroquias de Tundayme y el Güismi. Este hecho viola el derecho a la vivienda digna prevista por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde se hace referencia al derecho fundamental a garantizar un nivel de vida adecuado de las personas y mejorar las condiciones de su existencia.

Pueblo Awajún en Perú

En el caso del Pueblo Indígena Awajún su exposición a los planes de explotación de recursos naturales es máxima, por lo que sus comunidades reclaman la protección integral del “Parque Nacional Ichijat Muj”, en la Cordillera del Cóndor.

Los Awajún del Cenepa han desarrollado su vida colectiva como pueblos sobre un territorio ancestral que abarca el área donde se establece el Parque Nacional y las zonas aledañas, que, además de su extrema biodiversidad y su vulnerabilidad ecológica, está considerada como uno de los veinticinco “hotspots” de biodiversidad mundiales existentes. Según instituciones internacionales, la zona de los Andes Tropicales –dentro del cual se ubica la zona del Parque Nacional— es la región más rica y más diversa de la Tierra, conteniendo la sexta parte de todas sus plantas en menos del uno por ciento de área terrestre.

Lamentablemente y pese a la importancia de estos territorios, los Gobiernos nacionales y regionales han incumplido sus acuerdos con las comunidades indígenas awajún y wampis del Cenepa, y desde hace casi dos décadas se han venido otorgando concesiones mineras sin consulta previa.

Actualmente, estas comunidades indígenas atestiguan cómo su territorio ancestral es objeto de concesiones a favor de empresas extractivas de oro y cobre, y cómo son aprobadas Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental (DIAs y EIAs) sin que ellos sean mínimamente consultados. Hasta la fecha, ninguna concesión minera ha cumplido proceso alguno de consulta previa a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.

Fuente: FOSPA/ REPAM/ Cáritas