Por Washington Uranga

Mediante un comunicado difundido días pasados, la organización SIGNIS Argentina, asociación católica para la comunicación, expresó su condena por los cierres y la precarización de diversos espacios de cultura y comunicación en todo el territorio argentino, expresando “nuestra solidaridad con las personas que han perdido su trabajo, ya que son quienes más sufren en este momento”. En la misma oportunidad el organismo católico denunció la estrategia dilatoria del Gobierno respecto de la nueva ley de comunicaciones mientras “se favorece a grupos mayoritarios” y exigió la pronta aprobación de una norma que potencie la “democratización de las comunicaciones”.

El documento, que lleva la firma de Isabel Gatti, como presidenta, y del vice Miguel Monfort, denuncia que no se han renovado contratos a “personas que desde hace varios años venían trabajando profesionalmente en medios del Estado” y que “en algunos casos se ha contratado a nuevas personas a menor costo, con las consecuentes probabilidades de baja de la calidad de los productos generados”. Pero, advierte Signis Argentina, la crisis del sector no se reduce a los medios y ámbitos del Estado porque “también algunos medios privados están soportando presiones que no les permiten llevar a cabo sus tareas con las garantías necesarias para el desempeño de su trabajo”.

El documento del organismo de comunicadores católicos también se refiere al reciente anuncio oficial respecto de una nueva dilación por 180 días para la presentación del proyecto de la llamada “ley de servicios convergentes”. Al respecto, advierte Signis, “mientras tanto ya se han tomado gran cantidad de medidas sobre la temática que incrementarán la hegemonía de ciertos grupos mediáticos en la gestión del bien público: comunicación social”. Sin entrar en el detalle de las normas y decretos emitidos en la materia por el gobierno de Cambiemos, Signis denuncia “que el camino emprendido recuerda la década de los ‘90 cuando se continuó con la ley de medios del Proceso, y mediante un enjambre de normativas se favoreció a los grupos mayoritarios”. Para señalar de inmediato que “necesitamos una nueva ley de Comunicaciones Convergentes que continúe potenciando los derechos adquiridos precedentemente y pueda potenciar una real democratización de las comunicaciones”.

“Al considerar a la comunicación y la cultura como ‘bien común’, por su innegable importancia en la constitución de nuestras identidades culturales –sostiene Signis en su documento– estamos planteando que detrás de las actuales medidas se han resignado importantes logros en la generación de contenidos comprometidos con los valores propios de nuestra identidad nacional y federal”. Señalando también que “nos hubiera gustado que se evaluaran los errores y se mejorara lo que se debía”.

No escapa al análisis de los comunicadores católicos que “nuestro compromiso con la democracia, nos hace ver que las decisiones sobre estos temas se toman en momentos donde la ciudadanía se encuentra descansando, luego de un año que ha sido difícil para muchos argentinos”. Y se agrega en consecuencia que “esconder las decisiones no es el camino para fortalecer las instituciones en nuestro país”.

  Por ese motivo, dice Signis, “continuamos solicitando a los tres poderes que gobiernan nuestro país para que podamos mantener y generar políticas públicas de comunicación y cultura a largo plazo, incluyendo a todos los sectores” porque de no hacerlo, afirman los comunicadores católicos, “en pocos años vendrán otros colores políticos que tirarán por la borda lo realizado por el anterior sin evaluar los posibles aciertos y de esta forma se continuará profundizando la ‘grieta’, la distancia entre argentinos”. 

  El documento finaliza “pidiendo diálogo en prácticas concretas que puedan establecer una real cultura del encuentro, cómo no se cansa de anunciar nuestro querido papa Francisco”.