Washington, EEUU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad e hizo pública su preocupación por el secuestro de los periodistas Javier Ortega y Paúl Rivas Bravo del diario El Comercio de Ecuador y el trabajador Efraín Segarra, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, la frontera ecuatoriana con Colombia, por un grupo armado. El organismo de la CIDH condenó este secuestro e hizo un llamado a las autoridades de Ecuador y Colombia a continuar trabajando en forma conjunta y a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para facilitar una pronta liberación del equipo periodístico.

De la información que se dispone, el equipo periodístico se encontraba trabajando en una zona en la que estarían operando grupos a los que se señala como disidentes del conflicto armado colombiano. En la mañana del 3 de abril los comunicadores y el trabajador del mencionado diario aparecieron en un video, encadenados, al tiempo que enviaron un mensaje al Presidente de Ecuador Lenin Moreno.

El domingo 1º los familiares de los periodistas y el conductor secuestrado habían decidido hacer pública la identidad de las tres víctimas del secuestro, luego de guardar una semana de sigilo solicitado por las autoridades. “Confiamos en que las autoridades, Policía y Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador como de Colombia, pondrán a disposición todo su contingente y no escatimarán esfuerzos para traer de vuelta, sanos y salvos a Efraían Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas”, declararon los familiares durante una conferencia de prensa.

La Relatoría Especial toma nota de que el gobierno de Ecuador ha informado de que “ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos” secuestrados. El 27 de marzo el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó en una conferencia de prensa que los integrantes del equipo periodístico de El Comercio fueron interceptados por desconocidos tras pasar el retén militar de Mataje (Provincia de Esmeraldas) y que se presume que habrían sido trasladados al territorio colombiano. El sábado 31 el ministro se reunió con la familia de las víctimas del secuestro e informó sobre la situación de salud de los secuestrados y afirmó que “la situación permanece estable”, mientras aseguró que continúan trabajando junto a las autoridades de Colombia en la liberación.

El 28 de marzo el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía, había indicado que los responsables del secuestro pertenecerían al grupo “Óliver Sinisterra”, que con anterioridad formaban parte de la Columna Daniel Aldana de las FARC, al mando de alias ‘Guacho’, e indicó que no podía confirmar que hubieran sido trasladados a territorio colombiano.

Frente a la situación de riesgo elevado en la que se encuentran los periodistas, la Relatoría Especial exhorta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar coordinando esfuerzos y adoptar las acciones necesarias para garantizar la pronta liberación de las tres personas involucradas y garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en la zona.

De acuerdo con los estándares internacionales sobre la seguridad de periodistas, "los Estados tienen la obligación de brindar protección a los periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y que tengan un riesgo elevado de ser atacados" en zonas en las que opera el crimen organizado o subsiste elevada conflictividad. Aún en estas situaciones, los periodistas deben ser tratados como civiles y todas las partes involucradas deben respetar el derecho a la vida e integridad física.

La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Fuente: RELE-CIDH