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Derechos humanos

Misión Paz sigue proceso de acogida a venezolanos en Brasil

Misión Paz sigue proceso de acogida a venezolanos en Brasil

Roraima, Brasil.- Las organizaciones Misión Paz y Conectas iniciaron una misión de campo conjunta en los Estados de Roraima y Amazonas para acompañar de cerca el proceso de acogida a los venezolanos que llegan a Brasil para huir de la crisis en su país. Los representantes de ambas entidades visitaron Boa Vista, Pacaraima – principal puerta de entrada de los migrantes que hacen frontera con la ciudad de Santa Elena de Uairén (Venezuela) y Manaos (Brasil). "El objetivo es conocer más de cerca la realidad de los venezolanos que llegan a Brasil y ver cuáles son los esfuerzos conjuntos entre muestras autoridades y los grupos de la sociedad civil, para garantizar una acogida adecuada a estas personas", resaltó Camila Asano, coordinadora de Política Externa de Conectas. En la agenda están previstas una serie de reuniones con autoridades locales y estatales, además de órganos federales, como la PF (Policía Federal), el MPF (Ministerio Público Federal) y la DPU (Defensoría Pública de la Unión). Estos dos últimos son autores de una Acción Civil Pública que pide la exoneración de tasas para la concesión de visas o de documentos, para la regularización migratoria a los grupos vulnerables e individuos en condición de “carencia económica”.  También se realizarán conversaciones con miembros de organismos internacionales, como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones de la ONU), ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados), y grupos de la sociedad civil, como el equipo del proyecto Acoger relacionado con la UFRR (Universidad Federal de Roraima), la Pastoral Universitaria, la Fraternidad y el Centro de Derechos Humanos e Inmigraciones. “Vamos a conversar con las famílias de migrantes venezolanos para entender cuáles son sus expectativas en Brasil y cómo la sociedad civil brasileña puede contribuir”, explica Letícia Carvalho, asesora de abogacía de la Misión Paz. La Misión también visitará refugios en Boa Vista y Manaos, que acogen a centenares de migrantes.   Redacción: SIGNIS ALC/ SIGNIS Brasil/Misión Paz
Al menos 200 defensores del ambiente fueron asesinados en 2016

Al menos 200 defensores del ambiente fueron asesinados en 2016

El año 2016 fue el peor año en la historia para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, pues al menos 200 líderes fueron asesinados en en el mundo, según el reciente informe "Defender la Tierra", elaborado por la organización Global Witness.  La estadística de la organización señala que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras, bosques y ríos de las empresas mineras, madereras y agrícolas. El informe de Global Witness señala que con relación a las cifras de 2015, en que se registraron 185 crímenes a defensores ambientales, en 2016 fueron 200 la personas que fueron asesinadas. De igual manera, el informe da cuenta que aumentó a más del doble el número de periodistas  asesinados (79). La tendencia de los crímenes se está expandiendo, pues se han reportado asesinatos en 24 países, en comparación con 16 países en 2015. El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes. Se reconoce, además que es posible que el número global de asesinatos pueda ser mayor debido a que existen limitaciones importantes de acceso a información. Los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos. Entre los testimonios documentados por Global Witness, se incluye la versión de Jakeline Romero, quien ha declarado que “Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” Jakeline es una lideresa indígena colombiana, que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. No obstante, el operador local del proyecto ha negado haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas. “Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness. Según el informe, casi el 40% de las personas asesinadas fueron indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo, explica el informe. Algunos datos -  La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios. -  Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007). -  Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país. -  Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros. -  Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. -  Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados. El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos. “Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.   Para revisar el informe completo, acceda al sitio de Global witness