Ciudad de México.- Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, en México, 88 defensores del ambiente fueron atacados, de los cuales 29 murieron por oponerse a la construcción de megaobras y proyectos mineros. Según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), tan sólo en el año 2017, 15 ambientalistas fueron privados de la vida.

En el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, el Cemda alertó del aumento en el número de homicidios y violencia en contra de los activistas. Las actividades más frecuentemente relacionadas con las agresiones resultaron ser la minería, los proyectos de infraestructura, los hidroeléctricos, los de obras públicas, los inmobiliarios, los de energía renovable, de siembra transgénica y de tala clandestina.

El 18 por ciento de las agresiones más recurrentes fueron las físicas; después, los casos de criminalización representan el 16 por ciento y el homicidio en un 15 por ciento.

Cemda identificó que el principal perpetrador de dicha violencia es el Estado mexicano en sus tres niveles, ya que el 36 por ciento de las agresiones provino de entes gubernamentales. De ese total, 57 por ciento lo abarcaron autoridades estatales, 26 por ciento municipales y 17 por ciento federales.

En el informe, que se presenta por cuarto año consecutivo, Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, apuntaló que sólo durante 2017, 15 ambientalistas fueron privados de la vida en la nación gobernada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Nuestro país sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso [para los defensores ambientalistas]”, afirmó Alanís Ortega.

Desde 2010 hasta 2017, señaló Alejandra Leyva, abogada en el Cemda, han sido registrados 391 casos de ataques contra los activistas ambientalistas, entre ellos se incluyen criminalización, hostigamiento, amenazas, y en varios casos, homicidio.

La especialista en temas legales de medio ambiente, alertó que el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa con las cifras más elevadas en los ataques contra las personas defensoras de la naturaleza, los territorios y los recursos naturales, donde se registraron 10 casos. Le siguieron Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6.

Fuente: CENCOS/Sin embargo