Tegucigalpa, Honduras.- A dos años del asesinato de Berta Cáceres, agentes del Ministerio Público, junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detuvieron al ciudadano Roberto David Castillo Mejía, quien según las autoridades es uno de los autores intelectuales de la líder campesina , defensora del ambiente. La captura del ex-presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) se registró en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

No obstante, representantes de la la empresa DESA afirmaron, en un comunicado, que Castillo Mejía es inocente de las acusaciones y que realizarán las acciones legales correspondientes para lograr su liberación inmediata. 

A raíz de la orden de captura que emitió en su momento el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional desde Tegucigalpa, la  Audiencia de Declaración de Imputado será en las próximas horas en el Centro Judicial de La Granja.

El crimen 

La madrugada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá,  las balas criminales  mandadas por empresarios y políticos, quienes miraron en peligro sus intereses económicos, quitaron la vida de la luchadora, defensora de derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, Berta Isabel Flores Cáceres. Dos años después su crimen continúa en impunidad.

Las balas pretendían silenciar la voz de denuncia y resistencia contra las represas hidroeléctricas y proyectos extractivos. Sin embargo no pudieron, multiplicaron  la voz de denuncia y defensa que caracterizaba a la lideresa Indígena. 

Berta Cáceres junto al Copinh, lideraba la lucha contra la instalación de las represas hidroeléctricas y de forma concreta en contra del proyecto Agua Zarco de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

Impunidad

A pesar de la detención de 9 personas, ninguna forma parte de las cúpulas políticas y empresariales que han sido señaladas de la autoría intelectual del crimen. 

El abogado Rodil Vásquez, del equipo legal que lleva el caso de la ambientalista, dijo que este se encuentra en la etapa de juicio oral y público, puntualmente a la expectativa del señalamiento de audiencia para proposición de pruebas.

Explica que la causa se ha dividido en dos procesos: uno para los primeros cuatro imputados, el ex gerente para temas ambientales de DESA, Sergio Rodríguez, el ex capitán del ejército Mariano Chávez, el ex oficial del ejército Douglas Bustillo y Elvin Rápalo. En el segundo grupo se encuentran  Emerson y Edilson Duarte Meza, Henry Rodríguez y Aroldo López. Vásquez asegura que desde el equipo legal ha solicitado al Tribunal la acumulación para que sea un solo proceso en la etapa de juicio oral y público, porque hay distintos niveles de participación, pero todos vinculados al crimen. 

Rodil Vásquez dice es necesario que el Ministerio Público actúe e investigue a la mayor brevedad la autoría intelectual del asesinato, porque si no, el caso seguiría teñido de impunidad. “Desde octubre de 2017 hemos pedido al Ministerio Público que acuse por autoría intelectual, sin embargo, se resiste a realizar los señalamientos, a pesar que existen pruebas fehacientes de los empresarios y políticos que están detrás del crimen contra Berta”.  

Caso llega al sistema interamericano

En el marco el 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el equipo jurídico que lleva el caso de Berta Cáceres y el COPINH, se reunió  con el Estado hondureño para conocer los avances en las investigaciones sobre los autores intelectuales del crimen. 

Berta Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista califica de poco productiva la reunión sostenida con el Estado hondureño, porque a pesar que se ha denunciado en varias ocasiones, las irregularidades en las investigaciones continúan.

Bertita, (como se le conoce a la hija de la lideresa), y quien ahora coordina el COPINH, explica que, en la reunión sostenida en la CIDH, el Estado hondureño mintió al asegurar que 3 de las 8 personas detenidas son actores intelectuales del asesinato.

“Lo entendemos como falta de voluntad política. Aprovechamos para insistir que el Estado debe actuar y sancionar a quienes cometen crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país”, aseguró. 

La abogada Liliana Uribe, del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), asegura que en la reunión de trabajo se presentaron pruebas sobre la participación de directivos y socios de la empresa Desarrollos Energéticos de Honduras, DESA, en el crimen, sin embargo, el Estado se niega a investigar. 

“A través de fuentes que están incluso en poder del Ministerio Público se puede determinar la responsabilidad de directivos y socios de la empresa en la comisión del asesinato, y en una serie de estrategias que impulsó el proyecto hidroeléctrico para romper el tejido social y desestabilizar el COPINH”, detalló Uribe.

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Fuente: Radio Progreso