Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de al menos 25 personas en el marco de la represión de las protestas en rechazo al anuncio de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua. Según las informaciones, a más de las 25 víctimas mortales, los incidentes dejaron también decenas de personas heridas, lesiones a periodistas, y se sacó del aire, por orden oficial, cuatro canales de televisión que informaban sobre las protestas.

Entre las personas que perdieron la vida durante las protestas se cuenta el periodista Miguel Ángel Gahona, que cayó asesinado por un disparo de arma de fuego en la cabeza, el 21 de abril, mientras transmitía en vivo vía red social la jornada de protestas en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Según lo informado, el periodista trabajaba para el noticiero El Meridiano. Medios oficiales informaron que se ordenó una investigación oficial sobre la represión de las manifestaciones y las muertes de al menos 25 personas, incluyendo un miembro de la policía. El gobierno justificó la actuación de las fuerzas policiales como legítima defensa contra algunos grupos que estaban promoviendo violencia.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. La represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes es incompatible con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente. El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.

En cuanto a los operativos de seguridad, estos deben ser planificados bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva. Del mismo modo, una orden oficial para retirar canales de televisión del aire, de ser confirmada, constituiría una forma de censura y atentaría contra el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de alta relevancia pública.
  
La CIDH hace un llamado a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes. Asimismo, la CIDH exhorta al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social. La Comisión reitera además la importancia de que las autoridades contribuyan decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.

Fuente: CIDH