Ciudad de México.-  Varias organizaciones de la sociedad civil expresaron un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. El pronunciamiento se hizo público en el contexto de la visita oficial del Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, Sr. Michel Forst. En el comunicado condenaron de manera especial el grave asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio del Relator de la ONU.

Las organizaciones sociales y redes de defensores de Derechos humanos y de comunicación saludaron esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordaron que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Ante el Relator expresaron las dificultades y los obstáculos que enfrentan las personas, organizaciones y periodistas para desarrollar su labor, por lo que consideraron que resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, entre las cuales se destacan:

Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.

Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.

Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años

Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública,

Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.

Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.

Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.

Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI.

Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.

Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.

Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.

Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.

Consideran que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances.

Finalmente, exigieron que el Estado mexicano renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

El pronunciamiento fue firmado por más de cien organizaciones de la sociedad civil, redes de comunicación y defensoras de Derechos Humanos.

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