Ciudad de México.- Las comunidades, movimientos y organizaciones que conforman la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) expresaron su satisfacción por la decisión del sistema de justicia canadiense de aceptar a trámite la demanda sobre daños y perjuicios presentada por ciudadanos guatemaltecos en contra de la empresa minera candiense Tahoe Resources Inc. En un fallo considerado como histórico, la Corte de Apelaciones de British Columbia rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la minera Tahoe Resources que pretendía evitar que la jurisdicción de ese país conociera y juzgara hechos ocurridos en Guatemala.

Con esta decisión, el sistema de justicia canadiense abre sus puertas para conocer el caso de los siete guatemaltecos gravemente heridos en el año 2013, durante la represión violenta a una manifestación pacífica contra del proyecto minero “El Escobal” en el municipio de San Rafael las Flores, Guatemala, a manos de miembros del equipo de seguridad privada de la empresa minera San Rafael, filial de Tahoe Resources.

Frente a las dificultades de las víctimas de la minera canadiense para acceder a la justicia en el Estado de Guatemala, así como por la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción e impunidad en dicho país, la decisión de la Corte sienta un precedente importante pues implica la aceptación de su jurisdicción como el foro más adecuado para conocer y juzgar el caso.

En el proceso de búsqueda de justicia extraterritorial, la noción del Forum Non Conviniens -que supone el establecimiento de la jurisdicción más competente para conocer y entonces juzgar un caso- representa el principal obstáculo para quienes, como los ciudadanos guatemaltecos, esperan que sus demandas sean atendidas por el sistema de justicia del país de origen de la empresa a la que se le responsabiliza de los abusos y violaciones a derechos humanos ocurridos en otro país.

El caso en contra de la minera Tahoe Resources llegó a los tribunales canadienses luego de que el “Centro de Acción Legal, Ambiental y Social” de Guatemala (CALAS), el “Centro Canadiense para la Justicia Internacional” (CCIJ) y la firma de abogados de Vancouver “Camp Fiorante Matthews Mogerman” (CFM), realizaran los trámites respectivos para que la justicia canadiense acepte la demanda de los ciudadanos guatemaltecos.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros/REMA