Antioquia, Colombia.- Avanzan los trabajos de construcción del  megaproyecto Hidroituango. El 1 de febrero de 2017, decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal, llevaron a cabo un nuevo desalojo forzoso en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia. Esta acción se cumplió a pedido de la Empresas Públicas de Medellin EPM.

Este desalojo violento, con claro abuso de poder, generó miedo en la población, sobre todo por la advertencia que se ha hecho de que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 

En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.

El alcalde del municipio de Toledo Antioquia, Jhonny Alberto Marín Muñetón, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo solicitado por EPM y procedió al uso de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango.  En la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba buscando su medio de vida.  Por ello se exige a la procuraduría y demás autoridades competentes lleven a cabo una investigación e informe al respecto, pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en trámite.

Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias.

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