San Salvador.- La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM exigió un serio compromiso de las y los nuevos legisladores con el tema ambiental, así mismo demandó del Estado cumplir con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento. A través de un pronunciamiento que se hizo público en el marco del Día de la Tierra, que se cumplió el 22 de abril, la Mesa Nacional frente a la Minería reiteró su llamado al Estado para que actúe en defensa de los bienes naturales y comunes, sin ceder a las presiones de sectores empresariales y grupos económicos, que profundicen aún más las deplorables condiciones ambientales en las que se encuentra el país.

En el comunicado se cuestiona, por ejemplo, la solicitud de reforma al Artículo 105 de la Constitución de la República presentada por iniciativa de los partidos ARENA, GANA y PDC, sobre el límite de posesión de tierras rústicas por considerar que lo establecido en la Carta Magna, es un obstáculo para las inversiones productivas y el crecimiento económico. Estas organizaciones políticas reconocieron que hay presiones de ciertos inversionistas que desean ampliar sus terrenos.

La Constitución de la República, establece que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica, no podrá exceder de 245 hectáreas. La derecha ha argumentado que a casi 40 años de la reforma agraria al limitar el derecho de adquisición de tierras rústicas, se restringe el trabajo agrícola, determinante para el crecimiento económico, la generación de empleos y la seguridad alimentaria.

Así también, la Mesa frente a la minería denunció contra el proyecto urbanístico “Las Victorias” ubicado en Nahuilingo, Sonsonate, por representar un peligro para el Río Ceniza por el vertido de aguas residuales, además de la destrucción del Sitio Arqueológico Tacuzcalco, el cual fue nombrado en 1997 como patrimonio cultural por tratarse de un centro ceremonial indígena.

Según se explica, se trata de un complejo habitacional, que ha irrespetado los permisos otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente. La empresa Fénix S.A. de C.V. a cargo de este proyecto, utiliza la necesidad del empleo para que sus trabajadores demanden del Juzgado Ambiental de Santa Ana, suspenda las medidas cautelares decretadas para detener la construcción de dicho proyecto.

El pronunciamiento cuestiona también lo ocurrido con el sitio arqueológico Chuchucato, ubicado entre los ríos Talnique y Chuchucato, en el valle de Zapotitán, donde existe un interés de empresas por construir infraestructura atentando contra los sitios arqueológicos, contra la naturaleza, y los ríos.

Según señala, no "basta con presentar iniciativas a favor del medio ambiente y aprobarlas si estas no se cumplen, como es el caso de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento, que ya tiene un año desde aquel histórico día, y no se ha hecho efectiva en disposiciones claves como: la remediación ambiental, los cierres técnicos de las minas, y construir alternativas económicas para las familias que sobreviven de la minería artesanal, que puedan aliviar su situación económica.

En este último aspecto, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica señala en su Artículo 2, que las familias que subsisten de la minería artesanal tienen un plazo de 2 años, para que se dediquen a otra actividad productiva con el apoyo del Estado. Es decir, que en abril del 2019, no debe existir minería artesanal en el país, pero no hay avances para acompañar a las familias “guiriseras” , como se les conoce.
A la Mesa le preocupa además, que pese a la prohibición de la exploración y explotación de minerales, tanto a cielo abierto como a nivel subterráneo, la transnacional Oceana Gold continúa instalada en los territorios de Cabañas, esperando a que la nueva Asamblea Legislativa revierta la Ley y la voluntad de las y los salvadoreños de rechazar este tipo de industrias a gran escala, por su impacto negativo en el medio ambiente, principalmente en el agua.

La última hazaña de esta empresa minera, es revivir su gastada campaña de la “minería verde” en un intento más, por hacer retroceder la decisión tomada por todos los partidos políticos representados en la saliente Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, la legislatura que esta por terminar su periodo, deja varios temas vitales pendientes como: La Ley General del Agua, tal como lo piden las comunidades y organizaciones ecologistas, la Ley de Soberanía Alimentaria, el tema de agrotóxicos y otros", dice el pronunciamiento de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador.

Fuente: OCMAL /https://es.calameo.com/read/001825566186080b9434e