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Medios Comunitarios

Relatores de ONU y CIDH recomiendan no criminalizar a medios comunitarios en México

Relatores de ONU y CIDH recomiendan no criminalizar a medios comunitarios en México

Ciudad de México/Washington/Ginebra.- Los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, recomendaron al Estado mexicano el establecimiento de políticas para la promoción de la diversidad y el pluralismo, abstenerse de criminalizar las frecuencias de radio y ampliar el acceso comunitario de la banda ancha para pueblos indígenas y zonas rurales. Así se desprende del documento de observaciones preliminares presentado por los funcionarios luego de su visita conjunta en México, que tuvo lugar entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. El objetivo principal de la visita fue evaluar la situación respecto de la seguridad de periodistas, el problema más grave para la libertad de expresión en el país. “México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente. Al origen de la crisis se encuentra una descompostura del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales a lo largo del país, que simultáneamente lleva y es exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura….: los periodistas. La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México, a niveles local, estatal y nacional”, señala el documento. Además allí se plantea que “el crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales”. En este contexto, los relatores instaron al gobierno “a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia. México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas”, expresaron durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultado preliminares de su visita. En el documento se incluyen recomendaciones sobre protección a periodistas, rendición de cuentas sobre este tipo de amenazas y crímenes, asegurar la independencia de las investigaciones sobre vigilancia de periodistas, fortalecer mecanismos de acceso a la pública y recomendaciones sobre regulación de publicidad oficial para reducir su discrecionalidad. En el informe preliminar también se establecieron recomendaciones sobre diversidad y pluralismo que brindan seguimiento a las recomendaciones realizadas en 2010 por los relatores anteriores, Frank La Rue (ONU) y Catalina Botero (CIDH). Los relatores Kaye y Lanza manifestaron su preocupación sobre una legislación que se debate en el Congreso para modificar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 304) y el Código Penal Federal (artículo 172 TER), que busca imponer penas de prisión a los medios comunitarios que operan sin autorización. “Si se adoptara esa legislación, le faltan garantías para asegurar que las radios comunitarias, que frecuentemente no solicitan concesiones por una gran variedad de razones, para asegurar que no sean blanco de estas disposiciones o que sufran una afectación”, indica el informe. Por eso los Relatores recomiendan “establecer políticas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios y abstenerse de criminalizar las frecuencias radiofónicas puesto que sería una restricción innecesaria y desproporcionada para la libertad de expresión”. A su vez, manifestaron su preocupación por las brechas de acceso, en particular de cobertura de las radios comunitarias y las dificultades de acceso a internet fiable en todo el país. Por eso, el documento insta al gobierno a “adoptar medidas para ampliar el acceso de los pueblos indígenas y las áreas rurales a la radiodifusión comunitaria, y continuar fortaleciendo el acceso al ancho de banda en áreas que carecen de accesos confiables”. Otra de las preocupaciones señaladas por los funcionarios de ONU y CIDH fue el problema de la concentración en los medios. “México sigue siendo uno de los países con el mayor nivel de concentración de los medios, en la emisión, impresión y en línea”. Fuente: OBSERVACOM
Comunicadores comunitarios demandan frecuencias, capacitación y sostenibilidad

Comunicadores comunitarios demandan frecuencias, capacitación y sostenibilidad

Quito, Ecuador.- Con una firme demanda para que se cumpla la ley de comunicación sobre la asignación y entrega de frecuencias para los medios comunitarios, acciones afirmativas para la sostenibilidad y el respeto a la difusión de contenidos interculturales, entre otras exigencias, concluyó el 4° Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria que se realizó del 26 al 28 de octubre, en Quito. En la declaración final, los comunicadores comunitarios expresaron un mensaje de solidaridad con el pueblo Mapuche, criminalizado por la protesta social, así como con los pueblos indígenas de Brasil, que demandan la demarcación de sus tierras y rechazan los procesos extractivos en sus territorios. En el documento final, se exigió también la libertad de los líderes indígenas que fueron enjuiciados penalmente por liderar acciones de lucha en defensa de sus tierras y en rechazo a las concesiones mineras y extractivas. Así también rechazaron las declaraciones racistas e insultantes hacia el pueblo ecuatoriano, particularmente a la población indígena, que ha expresado en días pasados el embajador de Argentina en Ecuador, y exigieron la expulsión del diplomático argentino. Los comunicadores comunitarios demandaron también la revisión de las condiciones y requisitos que se exigen a las organizaciones comunitarias en el concurso de frecuencias, que no deben ser las mismas que se les exige a las organizaciones privadas.  Así también exigieron que el Consejo de Comunicación, CORDICOM, realice una nueva convocatoria a un concurso de frecuencias para que los pueblos y comunidades indígenas puedan postular. La declaración final también exigió que las autoridades pertinentes, de ARCOTEL y CORDICOM realicen una revisión de las condiciones legales de las frecuencias asignadas a personas que acaparan decenas de frecuencias de radio.