La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó que las políticas restrictivas y la complicidad de las autoridades mexicanas en la comisión de delitos que vulneran la vida y seguridad de mujeres y niñas migrantes. La denuncia se registra a pesar de que México presume contar con un marco legal a favor de las personas migrantes.
Como parte del 31 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ACNUDH presentó su informe sobre la situación de las personas migrantes, para el cual consultó a diferentes Estados, entre ellos México, y a organismos civiles.
ACNUDH reconoció que en México las migrantes sufren diversas modalidades de violencia, entre ellas las extorsiones. En este delito, advirtió, participan autoridades de distintos niveles, principalmente en operativos de revisión y detención en carreteras.
El organismo de la ONU observó que las mujeres también son víctimas del tráfico de personas, resultado de la falta de programas para que puedan emigrar de forma regular, así como de otras modalidades de violencia, las cuales se insertan en una cultura de violencia estructural contra las mujeres y falta de acceso a la justicia.
Según el informe, son las mujeres y la niñez migrante en quienes más repercuten las violaciones a sus Derechos Humanos (DH), como detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, y falta de acceso a servicios básicos, donde las especificidades de género juegan un papel determinante.
Las mujeres presentaron 21 por ciento de las quejas que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Policía Federal (PF), por presuntas violaciones a sus DH de 2007 a 2011.
A decir de ACNUDH, existen muchas "lagunas" en materia de protección de los DDHH de las personas migrantes en tránsito irregular, ya que cada vez más esta población, en particular mujeres y niñas, emprenden viajes más riesgosos y clandestinos en condiciones de abuso y explotación.
Entre los factores que contribuyen a la violencia contra las migrantes destacan los bajos índices de desarrollo humano, y la falta de congruencia entre la legislación, las políticas migratorias y los instrumentos jurídicos de protección de los DDHH.
Se suman la discriminación, xenofobia, normalización de la violencia de género, desigualdad y exclusión social, la falta de corresponsabilidad de los países de origen, tránsito y destino, en la protección de los derechos de las migrantes, la corrupción, la falta de rendición de cuentas, y la impunidad.
Además, las políticas migratorias de deportación se enfocan en modelos de "rescate" y "devolución", en vez de sustentarse en un análisis que garantice los DH y la integridad física de las migrantes.

Fuente: CIMAC noticias