El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó su nuevo estudio “La gobernanza de las telecomunicaciones. Hacia la economía digital”, en el que señala que uno de los cuatro pilares para promover el desarrollo de la economía digital es la adecuación del marco legal e institucional. El documento señala que la actualización de las leyes de telecomunicaciones de la región debe reconocer principios como la convergencia de servicios y la neutralidad tecnológica. En cambio, advierte que “otros principios tales como la neutralidad de la red no gozan de un consenso tan generalizado y si bien pueden dejar espacio a la innovación tecnológica y de servicios, también pueden condicionar la innovación en modelos de negocio, por lo que su reconocimiento en la ley marco y su definición tienen que estar precedidos de una reflexión de especial profundidad en cuanto a los objetivos que persigue”.
En el plano institucional, el estudio sostiene que una de las opciones para las reformas institucionales necesarias para la adopción masiva de servicios y aplicaciones TIC es la creación de un Ministerio TIC, “e incluso plantear la creación de ministerios o viceministerios en un ámbito más amplio como es el de la Economía Digital”.
De acuerdo con el informe del BID, además del marco legal e institucional, los otros pilares claves para la economía digital son la regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura digital; la regulación sobre la competencia y la protección al consumidor, y las políticas públicas para el desarrollo de las TIC y la economía digital.
Respecto de la regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura, el informe señala distintos retos que enfrenta la región en materia de asignación de espectro para telecomunicaciones y transición hacia la TV digital. En cuanto a lo primero, el estudio del BID destaca que “los procesos de reordenación del espectro (refarming) pueden contribuir a mejorar la eficiencia en su uso.”
Por su parte, el proceso de transición hacia la televisión digital es visto como un escollo para el desarrollo de servicios móviles de banda ancha. “El retraso en los procesos de transición de emisiones de televisión analógica a digital, así como del consiguiente apagón analógico, no ha permitido la liberación de la cantidad de espectro con el que se esperaba contar para las comunicaciones móviles”, plantea el informe.
Sobre la regulación sobre competencia y protección al consumidor, el estudio del BID sostiene que debe contemplar cuestiones relativas a competencia en banda ancha; puntos de intercambio de tráfico; acceso e interconexión; roaming nacional; portabilidad numérica; calidad de servicio y reglas de protección de datos.
Por último, en cuanto a las políticas TIC, se plantean como desafíos la definición de una Agenda Digital. “La falta de estructura institucional, de coordinación interdepartamental, de voluntad política y de capacidad técnica son algunas de las principales barreras para promover la creación y la actualización de una Agenda Digital en varios países de la región”, argumenta el informe del BID.
Además se señala la importancia de la promoción de planes de banda ancha como complemento para la Agenda Digital, con objetivos alineados. Un tercer aspecto para las políticas TIC que destaca el informe es el desarrollo de gobierno abierto, que genera externalidades positivas como “la eficiencia de los servicios públicos; ii) la promoción del emprendimiento de servicios digitales relacionados con procesos y da- tos de gobierno; iii) la innovación en la prestación de servicios públicos; iv) la productividad de ciertas actividades económicas relacionadas con estos servicios y datos; v) la transparencia gubernamental, y vi) la relación gobierno-ciudadano”.
Luego de exponer los principales retos para el ecosistema digital, el estudio del BID propone un análisis específico de cada uno de los países de la región con recomendaciones a partir de las variables mencionadas.
Fuente: OBSERVACOM
