Bagua, Perú.- El pasado 29 de noviembre de 2018, el Primer Juzgado Civil de la provincia de Bagua (Amazonas) emitió un fallo favorable a la comunidad nativa de Nazareth (Bagua, Amazonas), que solicitó medidas cautelares afectadas por las afectaciones sufridas por el derrame de petróleo que ocurrió en la zona de Chiriaco, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas La resolución de la justicia ordena que el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud de la misma región diseñen, implementen y ejecuten una estrategia de salud de emergencia que permita atender de manera integral, especializada e inmediata la salud de las comunidades indígenas awajún del distrito de Imaza
Como se recordará, el 25 de enero de 2016 ocurrió un derrame de petróleo de grandes proporciones, producto de la corrosión del Tramo II del Oleoducto Nor Peruano. Más de tres mil barriles de crudo se vertieron y esparcieron con las lluvias por el territorio de las comunidades llegando hasta el río Chiriaco y el río Marañón.
La exposición de la población a los hidrocarburos y sustancias tóxicas no se limitó al uso de las aguas y alimentos del río contaminado, sino que se agravó debido a que la empresa PETROPERÚ, operadora del oleoducto, pagó a parte de la población indígena de la zona, incluyendo menores de edad, para que participara en las labores de limpieza de los ríos y suelos contaminados sin brindar equipos de protección adecuados. Cabe recordar que en este proceso se ha encontrado presencia de metales pesados en los cuerpos de 25 niñas y niños awajún de la comunidad de Nazareth y comunidades aledañas a partir de los análisis de muestras de sangre y orina.
Los efectos del derrame y de la exposición de la población awajún al crudo de petróleo están ocasionando graves impactos en la salud de las comunidades de la zona y hasta el momento no han tenido la atención integral debida en la salud por parte del Estado.
El pedido de medidas cautelares se enmarca dentro del proceso (demanda) de amparo interpuesto por las autoridades de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún, Umukay, Nuevo Progreso y otras más, con la asesoría legal de un colectivo de instituciones de sociedad civil conformado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), por la vulneración a los derechos a la vida, salud y medio ambiente de las comunidades indígenas.
Con este fallo judicial, las instituciones del Estado están obligadas a cumplir con las demandas de las comunidades awajún que exigen la atención integral de la población afectada por los derrames por parte de médicos especializados y la implementación de un sistema de vigilancia sanitaria, ambiental y epidemiológica en la zona.
Fuente: CAAAP
