Lima, Perú.- Al menos cinco nuevos casos de conflictos socioambientales se suman en Perú en enero de 2022. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, con estos nuevos conflictos sociales la cifra total se incrementa a 203, de los cuales 154 son activos y 49 están latentes.
Respecto de la competencia del Gobierno en la atención de los conflictos sociales registrados, los principales recaen en el Gobierno nacional, con 127 casos (62.6%); le siguen los Gobiernos regionales, con 54 casos (26.6%); y los Gobiernos locales, con 17 casos (8.4%).
Otro aspecto importante para considerar es el tipo de conflictos que actualmente se tienen. Así, los conflictos socioambientales tuvieron predominancia, con 132 casos en enero (65%). Le siguen los comunales, con 20 casos (9.9%); y los de asuntos de Gobierno regional (13 casos; 6.4%), nacional (11 casos; 5.4%) y local (8 casos; 3.9%).
Del total de conflictos sociales registrados (activos y latentes) hasta enero de 2022, 29 se encuentran en el departamento de Loreto (14.3%). Le siguen Cusco, con 20 casos (9.9%); Áncash (15 casos; 7.4%); Puno (14 casos; 6.9%); Apurímac (13 casos; 6.4%) y Piura (11 casos; 5.4%).
En lo que respecta a los socioambientales, el 65.9% (87 casos) corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. Le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas (19.7%; 26 casos) y los relacionados con residuos y saneamiento (6.1%; 8 casos).
Los departamentos del sur del país registran el mayor número de conflictos sociales relacionados con la actividad minera, lo que coincide con la mayor participación que estos departamentos tienen en la extracción de minerales. La percepción de contaminación ambiental y los acuerdos no cumplidos por parte del Gobierno y las empresas son identificados como las principales razones de los problemas.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros, OCMAL/con nuestroperu.com
