Las redes eclesiales latinoamericanas que acompañan comunidades en territorios afectados por el extractivismo presentan el documento “Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos”, una reflexión que quiere aportar al discernimiento de la Iglesia sobre las condiciones necesarias para construir procesos de diálogo capaces de responder a las desigualdades de poder y a las situaciones de vulneración de derechos que atraviesan numerosos territorios de América Latina.
El documento surge de una iniciativa de Iglesias y Minería, la Red Eclesial Panamazónica (Repam), Pax Christi Internacional, la Red Gran Chaco y Acuífero Guaraní (Regchag), la Red Eclesial Mesoamericana (Remam) y la Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), a través de sus obispos presidentes, representantes y consultores. La propuesta se desarrolla desde una perspectiva de comunión, discernimiento, colaboración y sinodalidad, incorporando las voces de comunidades que viven de manera directa los impactos del extractivismo.
El documento parte de un diagnóstico en medio de la crisis climática y ambiental y la convergencia de intereses económicos, financieros, energéticos y militares que, según las redes, contribuyen a dinámicas de agresión, despojo y saqueo de los territorios.
Escuchar a quienes viven los conflictos
Uno de los planteamientos iniciales del documento propone ampliar la mirada sobre los procesos de transformación social. Frente a la posibilidad de concentrar los esfuerzos en quienes poseen mayor capacidad de decisión política, económica y financiera, las redes eclesiales plantean comenzar por escuchar a quienes padecen las consecuencias de los modelos de desarrollo vigentes.
Esta escucha es presentada como un espacio de discernimiento, esperanza y renovación histórica. El documento recupera, en este sentido, una expresión del Papa León XIV: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires”.
Las redes sostienen que las transformaciones requieren también escuchar los procesos de resistencia noviolenta y organización desarrollados por las comunidades afectadas. El texto identifica entre las consecuencias del extractivismo la contaminación, los desplazamientos, los conflictos, la vulneración de derechos y diversas formas de violencia. A partir del acompañamiento pastoral en estos territorios, plantea preguntas sobre los intereses que están detrás de las agresiones contra las comunidades y sobre las estructuras que las sostienen.
Seis condiciones para un diálogo transformador
El documento advierte que la palabra “diálogo” puede tener significados diferentes según la posición que ocupen los actores involucrados en un conflicto. Por eso, considera necesario examinar las condiciones concretas en las que se desarrollan estos procesos.
Las redes eclesiales identifican seis dimensiones fundamentales para un diálogo orientado a la justicia y la transformación de los conflictos. La primera es reconocer las asimetrías de poder. El documento señala que empresas, gobiernos y comunidades pueden contar con capacidades de decisión, acceso a información y recursos muy diferentes. Por ello, colocar a todos los actores en una misma mesa sin considerar esas desigualdades puede limitar una participación verdaderamente justa.
La segunda dimensión plantea el papel de la Iglesia como garante de la voz de las víctimas. El texto sostiene que el compromiso eclesial con el diálogo nace de la opción preferencial por los empobrecidos y de la dignidad de las personas más vulnerables como criterio para el discernimiento social y pastoral.
Autoridad, información y participación
En tercer lugar, propone dar autoridad, voz y oportunidad de presentar propuestas a las víctimas. Las comunidades afectadas, plantea el documento, requieren espacios reales de expresión directa y reconocimiento dentro de los procesos de escucha y diálogo. Incorpora también a las “víctimas no humanas” de la crisis socioambiental. Desde la ecología integral, las redes llaman a escuchar tanto el clamor de los pueblos empobrecidos como el de los ecosistemas, especies y territorios afectados.
La cuarta condición es garantizar la transparencia y el acceso universal a la información. El documento advierte que la falta de información adecuada y accesible puede convertirse en un obstáculo para que las comunidades defiendan sus derechos frente a grandes proyectos corporativos. En este apartado se mencionan herramientas como el principio de precaución, la inversión de la carga de la prueba y el consentimiento libre, previo e informado.
La quinta dimensión propone situar el diálogo en los territorios en conflicto. Para las redes, los procesos de diálogo requieren vincularse con los lugares donde las comunidades experimentan los impactos, defienden sus territorios y formulan demandas de prevención, reparación o mitigación.
Respeto a los derechos humanos y socioambientales
El documento también llama la atención sobre determinadas iniciativas presentadas como soluciones frente a la crisis socioambiental, entre ellas la financiarización de la naturaleza, la expansión de la minería vinculada a la transición energética y algunas formas de monocultivo energético. Las redes advierten sobre el riesgo de que estas propuestas reproduzcan dinámicas de explotación cuando son diseñadas lejos de los territorios y sin participación efectiva de las comunidades.
La sexta dimensión está relacionada con el monitoreo y control de las acciones empresariales mediante las leyes y las instituciones públicas. El texto sostiene que el respeto de los derechos humanos y socioambientales requiere marcos normativos eficaces, instituciones capaces de supervisarlos y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento.
En este ámbito, las redes señalan su participación en iniciativas orientadas a promover un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de mecanismos de debida diligencia corporativa.
Reflexión desde la sinodalidad
La perspectiva sinodal atraviesa la elaboración del documento. Las redes presentan esta reflexión como una contribución construida desde la comunión, la corresponsabilidad, la escucha y el discernimiento, con especial atención a las voces provenientes de las periferias.
En sus conclusiones, reconocen los caminos de escucha y diálogo que la Iglesia ha emprendido en los últimos años y resaltan el potencial del proceso sinodal para generar encuentros y prácticas pastorales capaces de responder a los desafíos contemporáneos. El documento propone que estos procesos mantengan una atención especial a las asimetrías de poder, las víctimas humanas y no humanas y las comunidades que viven cotidianamente los conflictos socioambientales.
Asimismo, recupera la propuesta del Papa Francisco de un “multilateralismo desde abajo”, entendido como una manera de acercar los procesos de diálogo y toma de decisiones a las realidades de los territorios y al protagonismo de quienes los habitan y los cuidan.
Iglesia que acompaña y transforma
La reflexión concluye con una invitación a construir una cultura del encuentro que permita abordar los conflictos desde la verdad, la justicia, la dignidad de las personas y el cuidado de la Casa Común.
Para las redes eclesiales, el diálogo adquiere su verdadero sentido cuando contribuye a transformar relaciones sociales de desigualdades y permite avanzar hacia una mayor justicia y equidad en la distribución del poder.
El documento “Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos”, elaborado en septiembre de 2026, queda a disposición de comunidades, agentes pastorales, organizaciones eclesiales y otros actores interesados en promover procesos de diálogo relacionados con la defensa de los territorios, los derechos humanos y el cuidado de la Casa Común.
Fuente y foto: Celam.org
Escrito por: Micaela Díaz Miranda