Washington, EEUU.- Representantes del Consejo del Pueblo Maya (CPO) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), casos que ejemplifican el fenómeno de la criminalización en Guatemala por parte de las empresas hidroeléctricas. La exposición en la audiencia pública de la CIDH fue presentada por Aura Lolita Chávez y Udiel Miranda, de la comisión política y jurídica del CPO, quienes presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores y defensoras, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.
El informe refiere que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos.
Además manifiesta la historia de resistencia digna y justa en el ejercicio legítimo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, versus la voraz política empresarial de maximizar sus ganancias instrumentalizando a las autoridades de gobierno a las cuales coopta para lograr la autorización de licencias anómalas, la imposición de los proyectos en las comunidades e implementar una política de persecución profundamente racista con graves violaciones a derechos humanos.
El documento detalla que ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso y a la vida; la criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.
En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas son víctimas de amenazas y agresiones; los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15); se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos.
Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55 por ciento nacionales, 40 por ciento trasnacionales y 5 por ciento estatales.
Finalmente, Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden; dicha obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos.
Fuente: Cerigua
