La asociación civil Medio Ambiente y Sociedad alertó sobre la decisión de la Secretaría de Economía de entregar en concesión 240 mil hectáreas de la Sierra de la Laguna a empresas mineras, de las cuales 600 son parte del proyecto Los Cardones, área natural protegida. Según el dirigente de la junta directiva Juan Ángel Trasviña Taylor, la concesión minera consituye la “punta de lanza” de la minería tóxica en Los Cardones.
Para Trasviña Taylor, esta concesión minera representa un peligro para el medio ambiente, la salud de la población y las principales actividades productivas de los municipios de La Paz y Los Cabos. El proyecto en Los Cardones es impulsado por Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
El directivo explicó que en la zona concesionada hay minerales tóxicos contenidos en la matriz pétrea, por lo que la actividad minera los podría liberar y contaminar tanto la atmósfera como los mantos freáticos, lo cual es muy grave si se toma en cuenta que la Sierra de la Laguna es una de las principales fuentes de agua potable de esos municipios.
Expresó que la actividad minera a lo largo de 200 años en esa área del municipio de La Paz procesó alrededor de 800 mil toneladas de materiales pétreos para extraer minerales, lo que provocó la contaminación de decenas de pozos de agua potable en San Antonio, El Triunfo y Los Planes con altos niveles de arsénico.
“Entonces, uno se puede imaginar lo que haría un proyecto como Los Cardones con el que se pretende procesar 240 millones de toneladas de materiales a través de un cráter de cien hectáreas por medio kilómetro de profundidad”, advirtió.
Puntualizó que con el proyecto Los Cardones se busca extraer 55 toneladas de oro con valor de 2 mil millones de dólares, según la empresa, a cambio de 300 empleos y la contaminación del aire y el agua de los municipios de La Paz y Los Cabos, donde serían afectadas actividades productivas como el cultivo de vegetales orgánicos y el turismo.
Señaló que sólo el cultivo de productos orgánicos genera 10 mil empleos en el área circundante a la mina que se pretende explotar, lo que estaría en riesgo debido a que los agricultores perderían su certificación ambiental.
Además, expuso, el turismo sería perjudicado porque el aire y el agua contaminada no dan buena imagen a los visitantes.
Trasviña exteriorizó que también está en riesgo la salud de la población, pues hay evidencias de que los índices de cáncer son superiores en las áreas donde hubo la actividad minera y se liberaron altos niveles de arsénico.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / La Jornada
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