Las asociaciones de prensa manifestaron su apoyo a las radios comunitarias.

Representantes de asociaciones de prensa nacionales cuestionaron el proceso del Programa de Protección a Periodistas, porque -según dicen-carece de legitimidad y que no ha respetado los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.  Así lo comentaron durante una reunión que mantuvieron con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

Según ninforma la agencia CERIGUA, las organizaciones gremiales han denunciado que durante la elaboración de la propuesta para el mecanismo de seguridad, se incumplieron dos elementos fundamentales para el éxito de la iniciativa, la confianza y la inclusión de los actores interesados.

Para revertir este proceso, las organizaciones iniciaron un procedimiento de consulta con más de quince asociaciones de prensa y distintos medios de comunicación para plantear sus observaciones al documento y elaborar una nueva propuesta; hasta el momento se han realizado 56 objeciones, las que fueron presentadas ante la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Este proceso cuenta con el respaldo de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el compromiso del gobierno, expresado por el Secretario de Comunicación, Alfredo Brito.

Continuaremos impulsando esta iniciativa del Mecanismo de Protección a los y las periodistas, hasta que responda a nuestros intereses y necesidades y, en esos términos, sea adoptado por el Estado con la participación de los legítimos sujetos de derechos, aseguraron las entidades gremiales.

Durante la cita con Lanza, las asociaciones de prensa manifestaron también su apoyo a las radios comunitarias, sin embargo advirtieron que no puede tolerarse la tergiversación de estas emisoras disfrazándolas con intereses político partidarias, religiosas o comerciales.

De igual manera, manifestaron al Relator la necesidad de que exista capacitación a jueces, fiscales, policías y otros funcionarios sobre la libertad de expresión, libertad de prensa así como las consecuencias que contrae no apegarse a estas disposiciones; añadieron que estos procesos deben ser impartidos por los profesionales dedicados a la actividad periodística.

Fuente: Cerigua