Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Perú
Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del comunicador peruano Hernán Choquepata Ordóñez e instó a las autoridades peruanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales de los mismos. El crimen se registró el 20 de noviembre, en circunstancias en que Hernán Choquepata Ordóñez se encontraba en la cabina desde la cual transmitía un programa de radio, y habría sido atacado por desconocidos que ingresaron al estudio de la emisora, quienes después de golpearlo, lo habrían baleado, a consecuencia de lo cual habría fallecido cuando era conducido a un hospital en la localidad de Arequipa.
A más de comenter el crimen, los atacantes habrían destruido los equipos de la emisora.
De acuerdo a la información disponible, Choquepata Ordóñez -a quien sus radioescuchas conocían como “Randy Ordóñez”- laboraba para la estación de radio La Ribereña, que transmite desde la ciudad de Camaná, departamento de Arequipa, en donde conducía el programa “Hablan los pueblos”, caracterizado por permitirle a los ciudadanos expresar denuncias y realizar críticas a las autoridades gubernamentales.
La Relatoría Especial expresó su profunda preocupación por este atentado contra la vida de un comunicador y por el hecho de que su muerte pueda estar vinculada al ejercicio de la profesión. Por ello, insta a las autoridades a no descartar ninguna de las líneas de investigación, incluyendo la relativa al ejercicio de la libertad de expresión, así como a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
Asimismo, considera esencial que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades de los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio del periodismo.
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