En la Declaración Política de Puyuk, emitida al cierre del XII Foro Social Panamazónico, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas y juveniles denunciaron el avance del extractivismo, la violencia y el crimen organizado, y reclamaron el cumplimiento del mandato del Yasuní de mantener el petróleo bajo tierra.
Los pueblos y organizaciones sociales reunidos en el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) cerraron este 20 de agosto con una declaración política en la que denunciaron las amenazas que enfrenta la Amazonía y reclamaron acciones urgentes para proteger los territorios, los derechos colectivos y la vida.
La Declaración Política de Puyuk parte de una denuncia concreta: el incumplimiento, durante tres años, del mandato surgido de la consulta popular que decidió mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra. Para los participantes, esta decisión constituye una referencia fundamental para los pueblos de toda la Pan-Amazonía en su lucha contra el extractivismo.
El pronunciamiento sitúa esta situación en un contexto internacional que vive conflictos geopolíticos, disputas por recursos energéticos y minerales y el avance de posiciones autoritarias en distintos países de América Latina. Los pueblos reunidos advierten que estas dinámicas tienen consecuencias directas sobre los territorios amazónicos y sobre quienes los defienden.
Amazonía amenazada por el extractivismo
La declaración señala que la región enfrenta una presión creciente por la explotación de minerales, petróleo, agroindustria, infraestructura, deforestación y otras actividades que, según los participantes, están acercando a la Amazonía a un punto crítico. Ante esta realidad, los pueblos y organizaciones participantes declararon a la Amazonía “en estado de emergencia como medida de protección y prevención del punto de no retorno”. La declaración vincula esta situación con la necesidad de garantizar los derechos colectivos, fortalecer los autogobiernos y las economías propias y avanzar en la reparación y restauración de territorios afectados.
El documento reclama, además, una transición que permita abandonar progresivamente la explotación de combustibles fósiles y propone avanzar hacia territorios reconocidos jurídicamente como zonas de exclusión extractiva. Entre las medidas planteadas se encuentran revertir concesiones mineras y petroleras, eliminar el uso de mercurio y fortalecer las guardias territoriales, la justicia indígena y los mecanismos de protección de defensores y defensoras.
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Escrito por: Micaela Díaz Miranda.
Fuente y foto: Celam.org