Oaxaca, México.- La estadística de personas desaparecidas durante la pandemia, en México, sigue en aumento. Según denuncia la activista de Amnistía Internacional (AI), María de los Dolores Soto, tan solo en los cuatro meses de pandemia se ha reportado la desaparición de mil 342 personas en todo el país. “La desaparición de personas no está en cuarentena”, comentó al intervenir en el tercer conversatorio virtual de la serie “Cultura de los derechos humanos: retos y perspectivas”, realizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En el tercer conversatorio que abordó el tema sobre los “Grupos en situación de vulnerabilidad frente a la covid-19”, la antropóloga Noemí Domínguez Gaspar; la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, y la activista de Amnistía Internacional, María de los Dolores Soto, coincidieron en que la crisis sanitaria evidenció las desigualdades estructurales históricas que padecen los grupos en situación de vulnerabilidad en México.
Soto destacó que la pandemia de covid-19 ha incrementado la crisis que viven las familias de las personas desaparecidas, pues éstas se encuentran invisibilizadas.
Además, dijo, la desaparición de una persona conlleva una disminución de los ingresos familiares, porque invierten su dinero en la búsqueda, y en la mayoría de los casos –agregó– los desaparecidos contribuían con la economía, lo que repercute en la salud y alimentación, entre otros derechos.
La activista refirió que de 1964 a la fecha se tiene un registro de 177 mil 800 desapariciones en México, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sólo reconoció 73 mil 249 personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo de tiempo, de las cuales 75% tienen entre 15 y 30 años, “lo que significa que la juventud mexicana está desapareciendo”.
Domínguez Gaspar recalcó que existe una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de México y particularmente de Oaxaca, pues no hay suficiente cobertura para atender el cumplimiento de los derechos colectivos, así como el reconocimiento del pueblo afro-mexicano.
Tras señalar que las comunidades desplazadas se encuentran en doble situación de vulnerabilidad en el marco de la pandemia, indicó que no es suficiente la traducción de mensajes preventivos en lenguas indígenas para hacer frente al reto que implica el covid-19, puesto que se requiere atender otras problemáticas, como la falta de servicios médicos y la autosuficiencia alimentaria, lo que proyecta un panorama complicado.
En tanto, la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, puntualizó que la contingencia sanitaria evidenció la crisis en los Centros de Reinserción Social (Cereso), pues uno de los grandes problemas es el hacinamiento, dado que las celdas creadas para cuatro personas son dormitorio de hasta 30 personas.
“La sana distancia para prevenir contagios en los Ceresos es imposible”, sostuvo, y recalcó que desde el comienzo de la pandemia Documenta AC advirtió que si no se tomaban las medidas adecuadas para evitar contagios, esta situación generaría efectos graves.
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