FLIP rechaza la vigilancia a periodistas por parte del Ejército colombiano
Tras la reciente denuncia realizada por la Revista Semana en una investigación titulada ‘Las carpetas secretas’, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó enfáticamente las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. En un pronunciamiento público señaló que estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, y que son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.
En el comunicado, la FLIP denuncia que el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Según apunta, se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra. En estos perfiles, además de recopilar información pública, se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia.
En la información publicada en el sitio web de la FLIP se denuncia que de los que se conoce habría, al menos, 30 periodistas que han sido objeto de estos perfilamientos. Hasta la fecha, hay información sobre: María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR) y un periodista y productor de Blu Radio. También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
Estos hechos eran de conocimiento del ministro de defensa Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020. Las únicas medidas adelantadas por el Ministerio de Defensa fueron anunciadas pocas horas antes de que la Revista Semana revelara el informe. Esta es su respuesta publicada en redes sociales.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia también tiene evidencia y material sobre estos seguimientos desde diciembre del 2019 cuando realizó el allanamiento. No existen avances en la investigación. La FLIP, en conjunto con el Comité para la Protección de Periodistas -CPJ- y Reporteros Sin Fronteras -RSF-, solicitamos una reunión con el Presidente de la República que estaba agendada para el pasado 16 de marzo y fue postergada a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Ante la imposibilidad de conocer la totalidad del universo de periodistas afectados y advirtiendo que habían transcurrido más de tres meses sin que los mecanismos internos hubieran operado en protección de la prensa, la FLIP y el CPJ elevamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 4 de marzo del 2020. La solicitud de protección internacional se encuentra actualmente bajo evaluación de la CIDH. Esta denuncia confirma la urgencia para que dicho organismo active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano.
El perfilamiento de periodistas por parte del Ejército colombiano es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia. La denuncia deja en evidencia una extralimitación de funciones que atenta contra el régimen democrático y la deliberación pública.
El comunicado realizado por el Ministerio de Defensa resulta insuficiente toda vez que califica estas actividades como “irregularidades” cuando en realidad se trata de graves violaciones a los derechos humanos en general y a la libertad de prensa en particular. Para la FLIP no existe aún una respuesta sobre el objetivo por el cual se procesó y analizó esta información para la elaboración de perfilamientos. No guarda relación con los fines y límites de las labores de inteligencia, contenidos en el artículo 4 de la misma ley y señalados por la Corte Constitucional en su Sentencia C-540 de 2012.
Más detalles se pueden revisar en el sitio de la FLIP
