El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a las autoridades hondureñas a poner fin inmediatamente al proceso judicial que se sigue contra la periodista Sonia Pérez López. En un pronunciamiento de la organización de protección al periodismo expresó que se debe dejar de utilizar el sistema judicial para silenciar a la prensa.
El 22 de mayo, Juan Argueta, un propietario de terrenos del municipio de San José, presentó una denuncia penal contra Pérez, corresponsal de la emisora Radio Progreso, a quien se la acusa de haber invadido su propiedad, usurpación agravada y daños a la propiedad, cuando daba cobertura al desalojo de familias indígenas el 18 de mayo.
Un juzgado penal del municipio de Marcala, en el occidental departamento de La Paz, celebró la audiencia inicial del proceso el 19 de junio, señaló Pérez. En una audiencia posterior realizada el jueves 28 de julio, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa contra Pérez y los demás acusados, por falta de pruebas, según Radio Progreso, que indicó que se esperaba el fallo del juzgado el viernes.
“Los derechos sobre la tierra son una preocupación fundamental de las comunidades indígenas y rurales en Honduras y en toda la región, y los periodistas comunitarios deben poder cubrir estas historias sin ser tratados como delincuentes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe. “Las autoridades hondureñas deben poner fin al proceso judicial contra Sonia Pérez, permitirle trabajar libremente, y dejar de procesar a los periodistas por hacer su trabajo”, añadió.
En la audiencia inicial del 19 de junio, el juzgado dictó varias medidas, entre ellas prohibirle a Pérez salir del país y acercarse a Argueta, y le ordenó firmar cada 30 días el libro de control judicial mientras el proceso estuviera en curso, declaró la periodista.
La denuncia penal de Argueta alega que Pérez era miembro del Consejo Indígena de Nueva Palestina, organización que representa a las familias indígenas de la comunidad lenca, a quienes la Policía desalojó de esas tierras el 18 de mayo. La denuncia acusa a 30 miembros de la comunidad indígena lenca de los delitos de usurpación agravada y daños a la propiedad.
Por su parte, el Ministerio Público de Honduras emitió un comunicado en el cual sostiene que Pérez estaba entre los miembros del consejo y que “la encontraron a ella y otras 10 personas que expresaron poseer título comunitario”.
Pérez declaró al CPJ que, si bien ella es miembro del grupo indígena lenca, “no soy miembro del consejo, estaba dando cobertura como periodista”.
Si es condenada de usurpación agravada, Pérez podría recibir una pena de hasta cuatro años de cárcel, mientras que el delito de daños a la propiedad se sanciona con una pena de hasta cinco años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal de Honduras. La denuncia de Argueta también acusaba a la periodista de “alteración de linderos”, es decir, cambiar los límites de una propiedad, que se sanciona con hasta cuatro años de cárcel, según el Código Penal.
Radio Progreso es una emisora de alcance nacional con sede en la localidad de El Progreso, cercana a la ciudad de San Pedro Sula, según el sitio web del medio informativo. Pérez comenzó a trabajar para ese medio en 2018 y cubre temas locales, como los movimientos sociales, la política y la corrupción, según la coordinadora del equipo de Comunicaciones de Radio Progreso, Iolany Pérez.
Fuente: CPJ
