Washington, EEUU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el jueves 22 de marzo su Informe Anual respecto a la situación de la libertad de expresión en el continente en 2017. El relatorio hace parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros.
En un año crítico para la democracia, la independencia de los medios de comunicación, y la libertad de expresión en el Hemisferio, el informe también destaca la realización de las visitas in-loco a Guatemala y México de esta oficina durante 2017, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación de la libertad de expresión y la formulación de recomendaciones. persiste en varios países criminalización de voces críticas y el fenómeno de la desinformación genera propuestas legislativas preocupantes.
En el informe se destaca la persistencia de la violencia y la estigmatización contra periodistas y respecto a quienes difunden ideas e información, como las restricciones legales ilegítimas o por medios indirectos a la libertad de expresión constituyen patrones de violaciones a la libertad de expresión presentes en el hemisferio durante 2017.
En total, esta Oficina ha tomado nota en su informe de más de 900 incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se han vuelto a repetir como la forma más severa de coartar la libertad de expresión y afectar los derechos fundamentales de los comunicadores.
Durante 2017, más de un tercio de los incidentes registrados por la Relatoría Especial están relacionados con actos de violencias, entre estas agresiones hay que condenar la muerte de 22 comunicadores, más de 200 periodistas agredidos y 50 medios de comunicación sufrieron ataques durante el año objeto de análisis.
Los asesinatos de comunicadores de indudable relevancia para sus respectivas regiones en distintos países ponen en evidencia el gran reto que sigue pendiente para erradicar la forma más brutal de la censura. La impunidad de estos crímenes, salvo excepciones, sigue siendo la regla y esto alienta el círculo de violencia.
De acuerdo al informe anual que fue presentado, aproximadamente el 15% de los casos monitoreados por la Relatoría Especial están relacionados con actos de represión o uso desproporcionado de la fuerza durante manifestaciones y protestas, una cifra que sigue incrementándose año a año.
Los ataques contra quienes se expresan también se registran en el espacio de Internet. Más de 10% de los ataques contra periodistas y medios de comunicación se dieron a través de la red, en especial por medio de diversas formas de acceso indebido a cuentas en redes sociales y bases de datos y acciones orientadas hacia impedir la disponibilidad de páginas y servicios en la web.
Asimismo, el fenómeno de las campañas de desinformación deliberadas ha adquirido inéditas proporciones en 2017 y supone un nuevo desafío a la libertad de expresión en línea dado que el término “noticias falsas” o “fake news” se ha utilizado para intentar desprestigiar a la prensa y también para pasar legislación restrictiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital.
Si bien los ataques violentos son la manera más brutal de restringir el derecho a la libertad de expresión, las declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades, que denigran la imagen y buscan erosionar la confianza y el reconocimiento de los comunicadores y de la prensa de cara al público corresponden a cerca de 5% de los hechos registrados por esta Oficina durante 2017.
La descalificación de la prensa y sus profesionales por parte de funcionarios públicos, por el simple de hecho de la cobertura periodística no está alineada con sus opiniones y políticas, aumentó de manera preocupante en algunos países de relevante proyección regional, lo que podría impactar también al resto del Hemisferio.
Otro 5%, de los casos incluidos en este informe hemisférico corresponden a demandas judiciales radicadas en la esfera penal y sentencias de condenas penales o civiles desproporcionadas pronunciadas contra quienes revelan información de alto interés público.
Lo procesos abiertos contra periodistas generan en muchos casos efectos inhibitorios y costos de defensa, no obstante únicamente en los casos de Venezuela y Cuba, se registraron casos de privación de libertad arbitraria de periodistas.
