La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la profundización del escenario de concentración mediática en Argentina. A través de comunicaciones dirigidas al Relator Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, y al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, la Defensoría del Público manifiesta que la “reforma integral de la Ley N 26.522 fue el primer paso en un camino que primero desarticuló los mecanismos de control antimonopólico que garantizaban la pluralidad informativa y la diversidad cultural de los medios de comunicación audiovisual”.
En la denuncia firmada por María José Guembe se explica, la reforma a la ley favoreció la “concentración de la propiedad de los medios de comunicación y, en su última etapa, habilitó la fusión de los actores más poderosos y concentrados del mercado info-comunicacional en nuestro país, las empresas Cablevisión S.A. y Telecom S.A.”.
En la misiva, el organismo, dependiente de la Comisión Bicameral del Congreso de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, detalló que continúa “analizando el impacto de estas medidas que se traducen en retrocesos en materia de diversidad y pluralidad informativa”. Asimismo puntualizó que los cambios de los últimos dos años generan “obstáculos para el acceso a las licencias de radio y televisión, en particular, para el sector sin fines de lucro”.
En abril de 2016, distintas organizaciones de la sociedad civil participaron del período de audiencias de la CIDH y denunciaron al Estado ante la CIDH por los cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese contexto, el Estado se comprometió a elaborar un nuevo marco regulatorio “acorde con el derecho internacional”.
Sin embargo, hasta la fecha la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto para su debate en el Congreso aún no ha presentado oficialmente su propuesta. Mientras tanto, recientemente, el Ministerio de Modernización presentó un proyecto de “Ley Corta”, que se debate actualmente en el Senado, para habilitar a las telefónicas a brindar servicios de TV satelital, lo cual estaba prohibido por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 267/2015) aprobado por este mismo gobierno.
Además de los reclamos ante la CIDH, Naciones Unidas (ONU) había instado a Argentina a revisar las reformas a la Ley Audiovisual para impedir la concentración en el quinto informe periódico sobre Argentina del Comité de Derechos Humanos del organismo.
Fuente: OBSERVACOM
