Ciudad de México.- El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), integrada por más de 22 organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) y de la libertad de expresión, informó que las instancias gubernamentales únicamente cumplieron 2 de las 58 recomendaciones formuladas por la sociedad civil en 2017 para proteger al gremio periodístico; otras 42 fueron parcialmente cumplidas y en 14 de ellas no hubo ninguna avance.
En un comunicado, el grupo de organizaciones exigió a los tres niveles de gobierno que implemente una política pública integral para proteger a personas defensoras y periodistas y hacer frente al contexto de agresiones contra esta población, que de acuerdo con la organización Artículo 19 suma 86.7 agresiones a mujeres periodistas cada año desde 2012 y que según Comunicación e Información de la Mujer ha cobrado la vida de 15 mujeres periodistas en los últimos siete años.
El Espacio OSC explicó que a pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012, éste no ha sido capaz de ofrecer una repuesta efectiva a las agresiones, ya que no cuenta con personal capacitado en la protección de los DH y la libertad de expresión, no permite reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia y no existe una coordinación efectiva entre el Mecanismo y las entidades federativas.
Entre las recomendaciones que no fueron cumplidas por el Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) está la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) que no asegura investigaciones, sanciones efectivas y derechos de las víctimas y tampoco se han creado mecanismos de coordinación entre el Mecanismo de Protección y la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la incorporación de personas beneficiarias en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
Las agrupaciones afirmaron que hasta el momento el gobierno federal sólo ha evidenciado la carencia de estrategias solidas para erradicar la impunidad en los delitos cometidos contra estos grupos.
El Espacio OSC mencionó que a 9 meses de la presentación de su tercer informe “Protección integral para personas defensoras de DH y periodistas: la deuda del Estado mexicano”, la mayoría de las recomendaciones dirigidas a diversas instancias del Estado no han sido atendidas, lo cual ha dado como resultado que persista la impunidad en las agresiones.
Ante ello, las organizaciones lamentaron que las instancias señaladas en su informe no cumplan con su responsabilidad y “hayan hecho caso omiso a las recomendaciones”. Tal es el caso de la CEAV, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y las entidades federativas.
Para el Espacio OSC la falta de atención al cumplimento, seguimiento e implementación de las recomendaciones por parte de la mayoría de las entidades federativas así como las constantes agresiones por funcionarios públicos tanto estáteles como federales ayudan a generar un entorno adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los DH.
De acuerdo con el informe, muchos de los casos de agresiones no han sido atendidas según los protocolos establecidos y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas para que puedan continuar su labor de defensa, por lo que se limita la libertad de expresión.
Por ello, el Espacio OSC exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas y personas defensoras de la sociedad civil”.
El Espacio OSC está integrado por organizaciones como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Artículo 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, Comunicación e Información de la Mujer y otras 13 agrupaciones que trabajan por los Derechos Humanos.
Entre los crímenes contra la prensa que aún no se han esclarecido están el de Miroslava Breach Velducea, asesinada afuera de su casa el 23 de marzo del 2017, en la capital de Chihuahua; y el del fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, Javier Valdez Cárdenas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, unos días después de Miroslava, el 15 de mayo de 2017.
Fuente: CIMAC
