São Paulo, Brasil.– El reciente informe sobre “Violaciones a la Libertad de Expresión – 2017” en Brasil registra una vez más el escenario hostil a la libertad de expresión y las violaciones contra comunicadores brasileños durante el año 2017. El estudio elaborado por la organización ARTÍCULO 19 (ARTIGO 19) fue presentado este jueves 3 de mayo, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El informe registra que en 2017 se produjeron en total 27 violaciones en contra de los comunicadores brasileños, de las cuales 21 casos fueron amenazas de muerte, cuatro intentos de asesinato y dos homicidios. A pesar de la ligera reducción en comparación con el informe del año pasado -que registró 31 violaciones-, las cifras siguen siendo altas en relación a otros países y cercanos al promedio histórico brasileño.
El Nordeste sigue siendo la región que concentra el mayor número de violaciones, con el 56% de los casos. Así también, en el detalle de casos por Estados, Ceará aparece en primer lugar, con siete registros de violaciones en total. Fue en ese Estado que también ocurrieron los dos únicos homicidios registrados.
En el recorte por tamaño de ciudad, el patrón sigue el mismo en relación a los últimos años. La gran mayoría de las violaciones (69%) se dio en ciudades pequeñas, con menos de 100 mil habitantes, mientras que las ciudades medias (entre 100 y 500 mil habitantes) registraron el 23% de los casos. En las ciudades grandes (más de 500 mil habitantes) se produjo el 8% de las ocurrencias constatadas.
Los agentes públicos y políticos son sospechosos de haber actuado como ejecutores o mandantes de las violaciones en el 70% de los casos. En el análisis de las motivaciones que llevaron a las violaciones, la realización de denuncias fue la más común (67% de los casos), seguida por la emisión de críticas y opiniones (26%) y la realización de investigaciones periodísticas (7%).
Un análisis inédito del informe buscó cruzar la ocurrencia de las violaciones con los datos existentes en el Atlas de las Noticias, una iniciativa del Projor – Instituto para el Desarrollo del Periodismo y del VoltDataLab que mapea los periódicos impresos y online de todo Brasil. El resultado mostró que casi la mitad de las violaciones ocurrieron en el llamado “desierto de noticias”, clasificación empleada a las ciudades que no poseen ningún vehículo de prensa periódico.
La constatación es grave, pues muestra que esas ciudades tienden a permanecer sin la producción y circulación de noticias de interés público, ya que no hay vehículos estructurados que cubran cuestiones locales. Además, en esas regiones las violaciones ocurren generalmente contra blogueros y comunicadores independientes, que además de ser más vulnerables, acaban siendo el único medio de información.
Este complejo escenario de hostilidad y violencia en regiones ya poco atendidas por vehículos de comunicación contribuye a un proceso de autocensura de comunicadores locales, intensificando aún más el problema.
Homicidios e impunidad
Los dos casos de comunicadores asesinados tuvieron bloggers como víctimas y ocurrieron en Ceará. Uno de ellos era Francisco José Rodrigues, conocido como Franzé. Ex-radialista, mantenía una página en Facebook en la que comentaba sobre crímenes en la región de Morada Nova (CE), donde vivía. El 11 de agosto de 2017, fue asesinado a tiros por dos hombres mientras salía de la casa de su madre.
La denuncia de crímenes también era tema presente en el blog de Luís Gustavo da Silva, de Aquiraz (CE). El 14 de junio de 2017, el comunicador fue asesinado en la puerta de su casa.
Los dos casos confirman una tendencia en lo que se refiere al perfil de las víctimas de homicidios en el estudio. Desde 2012, cuando ARTÍCULO 19 inició el monitoreo de las violaciones a la libertad de expresión en Brasil, casi el 40% de los comunicadores asesinados eran blogueros.
Los homicidios, y las demás violaciones de forma general, también son reflejo de la impunidad sistémica en esos tipos de crimen. Según el estudio de ARTÍCULO 19, de las 27 violaciones registradas en 2017, sólo en cuatro la investigación inició una acción penal. En seis de ellas, la investigación no avanzó y en cuatro las víctimas no buscaron a las autoridades, ni por incredulidad en la iniciativa de las autoridades en investigar el caso, por desconfiar de la implicación de la policía en las propias violaciones.
Fuente: ARTIGO 19
