Ciudad de México.- El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresaron su preocupación por la reciente aprobación de las reformas al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que impacta de manera negativa y pone en riesgo el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta social. La reforma, que fue aprobada el último 15 de diciembre por la Cámara de Diputados, contempla, entre otras disposiciones, sanciones con cárcel de hasta siete años y multa a “quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías”.
La sanción se impondría también para quienes interrumpan “el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.
Según las organizaciones de la sociedad civil, “la presente reforma es profundamente punitivista y criminalizante de la protesta social y la libertad de expresión pues reproduce narrativas estigmatizantes en contra de quienes ejercen el derecho a la manifestación. De la misma forma, limita la protesta social como medio de transformación y de expresión de hartazgo social y como mecanismo para exigir justicia. El cual, considerando el actual contexto sociopolítico plagado de altos niveles de violencia, impunidad, desigualdad y sistemáticas violaciones de derechos humanos, afecta especialmente a sujetos en situación de pobreza, personas defensoras, manifestantes, mujeres y poblaciones racializadas”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, expresa: que las sociedades democráticas, las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían, abarcando estrategias no institucionales, manifestaciones y protestas espontáneas y de gestación horizontal. Por lo que esta iniciativa contraviene estándares internacionales en materia de derecho a la protesta, libre asociación y a la libertad de expresión, pues la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.
La propuesta de reforma abona a la violencia dentro del contexto de manifestaciones y a los intentos de inhibición del Estado mexicano a través de una oleada de medidas y marcos normativos restringentes y represivos, las cuales limitan significativamente el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en México. El 2020 ha sido un año caracterizado por represiones y estigmatización por parte de las autoridades en sus distintos niveles en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos como lo han sido colectivos feministas así como personas defensoras de tierra y territorio.
Para las OSC, la aprobación de las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación por la Cámara de Diputados es violatoria al contravenir el carácter progresivo de los derechos humanos y tiende a la criminalización de manifestantes, activistas, colectivos y personas defensoras de derechos humanos, que utilizan el espacio cívico como una alternativa de justicia en un país caracterizado por la impunidad, además de pretender inhibir este ejercicio de derechos. En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación por la Cámara de Diputados.
Por ello, las Organizaciones de la Sociedad Civil instaron a “las y los integrantes del Senado de la República, a no aprobar la reformar al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que constituye una violación a derechos humanos y un retroceso al libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la protesta social” y piden a “la Cámara de Diputados, abstenerse de impulsar y aprobar leyes y marcos normativos contrarios al efectivo cumplimiento de los derechos humanos, en especial en aquellos que restringen el derecho a defender derechos humanos, la libertad de expresión y la protesta social”.
Entre las Redes firmantes se cuentan: Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional México.
Así también el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS); ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar
Fuente: CENCOS
