Asamblea Nacional aprueba reformas a Ley de Comunicación; para el sector comunitario es un retroceso
Quito, Ecuador.- Luego de un intenso debate, que se extendió por cerca de ocho horas, la Asamblea Nacional aprobó de manera definitiva el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El cuerpo legal, que mereció el voto favorable de 75 asambleístas, será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, que presentó el informe para el segundo debate, Jorge Corozo, las reformas se aprueban para “devolverle al país la libertad de expresión, la palabra, el entusiasmo a los medios de comunicación y a los periodistas para que puedan hacer efectivo el pleno goce de la libertad que les caracteriza”.
Entre las reformas aprobadas se suprimen todas las disposiciones punitivas que incluía la Ley Orgánica de Comunicación vigente desde 2013, pues se eliminó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), así como la figura de linchamiento mediático, la responsabilidad ulterior, los códigos y normas deontológicas. En total, la normativa aprobada modifica alrededor del 76% de la Ley vigente.
Sector comunitario de la comunicación rechaza el texto aprobado
Varios representantes del sector comunitario de la comunicación lamentaron que en la aprobación de las reformas se hayan incluido a última hora, reformas que constituyen un retroceso a los derechos ganados en la Ley vigente.
La Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, Corape, rechazó la propuesta presentada por asambleístas y representantes de medios privados para adjudicar y renovar de manera automática las frecuencias. “Exigimos el respeto al Art. 17 de la Constitución y convocar a un concurso para una verdadera democratización de la comunicación”, dice en un post publicado en su página de facebook.
Para el comunicador José Mármol, ex presidente de la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS Ecuador, la comunicación democrática es la gran perdedora, pues la Asamblea Nacional cedió a las presiones de los concesionarios de frecuencias que lograron que en la reforma se incluya la renovación automática de las frecuencias y la eliminación del porcentaje del 33% de frecuencias para medios públicos que consagra la Constitución.
Así también, la CONAIE, a través de su cuenta de twitter expresó que “El 2019 será otra historia. @Lenin ratifica su vínculo con sector dominante: anuncio de paquetazo económico; aprueban #LeyDeComunicación con cambios de última hora que impiden democratización del espectro. Retroceso en Derechos, nuestro rechazo @JCorozo_Oficial a los empresarios de la radios comerciales”.
De su lado, la directora General de CIESPAL, Gissela Dávila, lamentó el retroceso en derechos que implican algunas de las reformas aprobadas. “Lacera la democratización de la comunicación y la posibilidad de ciudadanos y ciudadanas a acceder a través de mecanismos públicos y transparentes a contar con medios de comunicación y amplificar sus propuestas. El Estado prioriza al capital sobre el derecho de ciudadanos y ciudadanas a la creación de medios de comunicación diversos”, señaló.
Para la comunicadora Ana Acosta, representante del colectivo de comunicación El Churo y de la Coalición de medios comunitarios, la reforma aprobada en la Asamblea es “nefasta, sobre todo en el tema de la distribución de frecuencias. Eliminan la distribución equitativa de frecuencias, de 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34 % para medios comunitarios. Si bien es cierto se mantiene el 34% para medios comunitarios, fusionan los porcentajes de los medios privados y públicos”, dice.
También cuestionó la modificación a la definición de medios comunitarios y la inclusión como comunitarios a los medios de las universidades públicas y privadas, “lo que implicaría que la CONAIE pueda disputar una frecuencia con la UTE, así de absurdo”.
Otra de las reformas que preocupan es la “modificación de todo el sistema de concursos públicos y transparentes; incluyen casi, casi, una subasta por oferta y demanda”, dice Ana Acosta.
Los representantes de los medios comunitarios anunciaron que solicitarán al presidente de la República que objete parcialmente la ley. De ser necesario presentarán una demanda de inconstitucionalidad de las reformas aprobadas, una vez que se conforme y posesione la nueva Corte Constitucional.
Redacción: SIGNIS ALC
