Panky Corcino*
Aunque, en la práctica, República Dominicana tiene dispersos por el mundo más migrantes que el número de extranjeros que alberga en su territorio, su población exhibe preocupación, e incluso alto nivel de rechazo, frente a la presencia de haitianos y, en los últimos años, ante una oleada de venezolanos que huye de la crisis económica agudizada bajo el régimen político de Nicolás Maduro.
“Entre los años 2000 y 2015, el estimado de personas dominicanas que emigró hacia otros países aumentó casi un 50%, al pasar de 880,284 a 1,304,493 personas”, explica el Perfil Migratorio de República Dominicana 2017, del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INMRD), una dependencia oficial adscrita al Ministerio de Interior y Policía.
El perfil, elaborado por el INMRD con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), destaca que 1,664,640 personas de origen dominicano viven en Estados Unidos, país que acoge al 72% de la diáspora criolla.
En cambio, la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en República Dominicana (ENI-2017), arroja que el país acoge unos 570,933 inmigrantes, de los que el 85.1%, equivalente a 497,835 personas, provienen del vecino Haití.
Pero el 53.4% de los dominicanos aboga porque los extranjeros indocumentados sean expulsados del territorio nacional, aunque un 43.7% se inclina porque se les permita permanecer en el país con la condición de que legalicen su permanencia, según la última encuesta de la firma Gallup, levantada entre el 5 y el 11 de marzo de este año y difundida por el periódico Hoy.
La conocida encuestadora preguntó además: “Hay quienes consideran que la cantidad de haitianos que viven en el país es alta. En su opinión, ¿el Gobierno debe o no debe prohibir la entrada de más inmigrantes haitianos al país?”. El resultado: un 81.4% respondió “sí” y sólo un 16.9% “no”.
En el caso de los venezolanos, para la misma pregunta, un 50.8% de los entrevistados se inclinó por el “sí” y un 46.4% por el “no”, lo cual evidencia un rechazo más arraigado a la inmigración de Haití que a la que proviene de América del Sur.
El rechazo de muchos dominicanos hacia a los inmigrantes del país vecino se refleja también en el debate sobre la supuesta necesidad de construir un muro de contención en la frontera terrestre de 392 kilómetros.
La idea —impulsada desde hace muchos años por minúsculos grupos de nacionalistas— encontró ahora, en el vocero de los diputados del conservador Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Tomás Botello Solimán, a un político que sometió un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para disponer del levantamiento de la barrera física.
La iniciativa declara de “alto interés nacional y necesidad pública” la construcción de un muro fronterizo en la línea divisoria. Por tanto, ordena al Poder Ejecutivo abocarse a crear una comisión encargada de estudiar su factibilidad técnica, económica y su viabilidad financiera.
Alega que “(…) la construcción de un muro en la zona fronteriza con Haití, tendría un alto valor de efectividad en las tareas de control y vigilancia para la inmigración ilegal, así como en el control de tráfico de personas, narcóticos, armas y demás actividades delictivas conexas”.
“República Dominicana no está en condiciones de seguir recibiendo de forma incontrolada y masiva la inmigración ilegal desde Haití”, argumenta. Sobre todo después de que -añade- la comunidad internacional abandonó a su suerte al vecino país al incumplir las promesas de asistencia después del terremoto de enero de 2010 que devastó a Puerto Príncipe y provocó más de 200,000 muertes.
El perjuicio persiste, pese a que los organismos multilaterales que analizan la inmigración haitiana señalan su importancia dentro del engranaje económico nacional. En las notas de políticas de República Dominicana titulada “Para construir un mejor futuro juntos”, el Banco Mundial advierte que si el país cerrara completamente sus fronteras a los migrantes, “la economía sufriría severas pérdidas en volumen de exportaciones y, por consiguiente, en términos de crecimiento del PIB”.
El Banco Mundial recuerda que los países de la isla Santo Domingo son el segundo socio comercial más importante entre sí, después de Estados Unidos. “En ese contexto, la migración de Haití y otros países representa un factor importante que contribuye a los resultados de crecimiento en República Dominicana”, afirma.
En 2017 el intercambio comercial entre ambos países se situó en US$888.8 millones, con un saldo positivo para República Dominicana de US$816.2 millones, al exportar productos por un valor de US$852.5 millones e importar solo US$36.3 millones, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Una relación de mutuo beneficio que los nacionalistas obvian en su discurso de rechazo a los haitianos.
El PRSC introdujo el proyecto del muro fronterizo en momentos en que sectores nacionalistas cuestionan que el pasado 10 de noviembre haitianos que protestaban contra el Ejército por la incautación de unas motocicletas en la Carretera Internacional, obstaculizaran por más de dos horas el paso de un grupo de dominicanos en el que se encontraba el reputado cardiólogo Pedro Ureña.
“Fuimos atacados por haitianos armados con armas blancas, cuchillos, machetes, punzones y hachas. Nos quitaron los motores, las llaves, los celulares y nos pusieron a un lado de la carretera junto con un grupo de dominicanos que estaban secuestrados desde hace tres horas”, afirmó Ureña. Calificó el hecho como un “secuestro”, al hacer la denuncia que tuvo amplia repercusión en los medios informativos y exacerbó los ánimos en los nacionalistas.
El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana sostiene que pese a que desde República Dominicana salen más emigrantes que el número de inmigrantes que aloja, “en los medios de comunicación masiva, como en la opinión pública, es más relevante el tema de los inmigrantes que el de los emigrantes, a pesar de haber una diáspora bastante significativa en número y activa en relaciones y prácticas transnacionales”.
La importancia de la diáspora dominicana en el extranjero se refleja en el flujo de remesas familiares. En 2017 el país recibió por este concepto un total de US$5,911.8 millones, según el Banco Central y entre enero y octubre de este año unos US$5,397.8 millones.
Sin embargo, el presidente Danilo Medina renunció a la firma del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular gestionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En medio de fuertes presiones de grupos nacionalistas que rechazan la presencia haitiana en el país, antes de rechazar el pacto Medina creó una comisión para evaluarlo. La integraron tres dependencias del Estado, de la que formó parte la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica (Diape), una unidad que se encarga de calibrar el rumbo que llevan la opinión pública y los periodistas en todo momento.
El Gobierno también rechazó la firma del Pacto Mundial sobre Refugiados propuesto por la ONU porque, según alegó, “podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”.
Luego del rechazo a la firma de ambos pactos, representantes de la migración haitiana promovieron una caminata deportiva “para reafirmar el amor de dos pueblos hermanos” y la solidaridad y las buenas relaciones entre los habitantes de los dos países que ocupan la isla Santo Domingo.
La caminata, programada para el domingo 23 de diciembre, en el Parque Mirador Sur, de la capital, tuvo que ser suspendida. Sus organizadores alegan que recibieron “por diversas vías, amenazas de carácter violento por parte de grupos minoritarios”.
El Colectivo #HaitianosRD, que promovió la iniciativa, recibió incluso amenazas verbales de al menos un nacionalista que aseguraba estaba listo para ir a disparar a la multitud de inmigrantes si persistían en su propósito. Días después de circular el vídeo el Gobierno no había detenido al potencial terrorista que aseguraba iba a “derramar sangre”, al tiempo que pregonaba que se iba a inmolar.
Mientras los dominicanos buscan otras tierras, la inmigración haitiana, atraída al principio por la industria azucarera que en la década de 1950 empezó a contratar a braceros para el corte de la caña, se convirtió con el tiempo en una pieza clave en el engranaje económico de los sectores más pujantes de la economía, como la agricultura, la construcción y el turismo.
“Soy de Cabo Haitiano. Llegué aquí hace 30 años, cuando yo tenía 14”, cuenta Eddy Alexis, quien sirve de capataz a nueve inmigrantes que trabajan ocho horas diarias por una paga de 400 pesos (unos 8 dólares por jornal) en una finca de arroz de Villa Vásquez, en la región noroeste de República Dominicana.
Le gustaría tener una mejor paga que los RD$8,000 al mes (unos 160 dólares), pero se siente afortunado de disponer de un trabajo fijo. Además, cuenta que su empleador le hace una paga extra en Navidad -de hecho le corresponde por el Código Laboral Dominicano aunque Alexis lo percibe como un regalo- y unos RD$15,000 (300 dólares) de gratificación al final de la cosecha.
“Aquí hay fincas que pagan hasta 600 pesos por día (12 dólares), pero no es un trabajo fijo. Mi patrono tiene tres fincas y, por ejemplo, ya tenemos casi tres meses trabajando y todavía no terminamos, trabajando todos los días, a veces hasta los domingos cuando estamos atareados”, dice.
Cuenta con un permiso de trabajo y pudo declarar ante el Registro Civil a dos de sus cinco hijos de menos de 12 años de edad.
Desde octubre de 2007 la Junta Central Electoral (JCE), que rige el Registro Civil, asienta a los hijos de madres inmigrantes en el denominado “Libro de Extranjería”.
Al 4 de septiembre de 2017 la JCE tenía asentados en el libro a 62,104 hijos de dos progenitores haitianos y 83,732 en el que al menos uno de los padres proviene del vecino Haití.
En general, entre octubre de 2007 y el 28 de agosto de 2017 el Estado dominicano asentó a 85,439 extranjeros.
En ese período además creó condiciones jurídicas para excluir del Registro Civil a descendientes de inmigrantes haitianos a los que ya había expedidos actas de nacimiento, y por lo tanto, se desenvolvieron toda su vida como “dominicanos” (de ascendencia haitiana) y , en la mayoría de los casos, sin tener mucho o ningún contacto con la tierra de sus padres.
Aunque la JCE empezó el proceso de negación de duplicados de actas de nacimiento desde muchos años atrás, el 23 de septiembre de 2013 el Estado dominicano selló el proceso, calificado de discriminatorio por los organismos de derechos humanos, cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia número 168-13, el 23 de septiembre de 2013.
La sentencia del Constitucional, comparada por el nobel peruano Mario Vargas Llosa con una aberración jurídica inspirada en las leyes hitlerianas dictadas por los jueces de la Alemania Nazi, obligó al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina a desarrollar una intensa campaña diplomática para defender al Estado dominicano.
También, a impulsar una ley que abre una vía para la “naturalización” a los dominicanos descendientes de haitianos asentados en el Registro Civil a los que la Junta Central Electoral niega duplicados de sus actas de nacimiento. Dispuso, mediante el Decreto 327-13, un plan de regularización de inmigrantes indocumentados amparado en un mandato de la Ley General de Migración (la número 285-04), que data de 2004.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en situación migratoria irregular inscribió a 288,467 personas de 116 nacionalidades entre 2013 y 2015, recuerda Benigno Ricardo Toribio Guzmán, coordinador del Departamento de Derechos Humanos y Migración del Centro Montalvo, una organización del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM).
Toribio Guzmán, quien opera desde Dajabón, en la frontera norte, destaca que el 97.8% (282,536 personas) de los extranjeros registrados son de nacionalidad haitiana. Aunque reconoce que el plan brinda ciertos beneficios a los extranjeros que residían en el país de manera irregular, “en el proceso de renovación hubo un dislocamiento del registro que dificultó que las personas apliquen a la renovación”.
“De hecho, el Centro Montalvo ha tenido que acompañar a decenas de personas para que vayan, por dos y tres días, desde las provincias de Mao, Montecristi y Santiago Rodríguez a Barahona donde sus documentos tienen más de dos meses y aún no les ha salido el carnet. Y ahora estas mismas personas tienen que trasladarse a Santo Domingo”, dice.
Asegura además que “en todos los chequeos militares, a nivel nacional, están deteniendo a los haitianos que tienen ya el carné de renovación diciéndoles que éste no sirve y, por esta razón, en estos mismos chequeos, les están cobrando dinero para dejarlos pasar; a eso, nosotros lo llamamos extorsión”.
Necesita de su mano de obra
República Dominicana, como resaltó el presidente Medina en su reciente visita oficial a la China Popular, “ha tenido un crecimiento económico sostenido de 5% durante las últimas 5 décadas y en los últimos 6 años en concreto, con un promedio de 6.2% del producto interno bruto (PIB)”.
La mano de obra de los haitianos contribuye a apoyar ese crecimiento. Y, tal como planteó Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en República Dominicana, aunque se sabe que constituyen la principal corriente de inmigración en el país, “no siempre se recuerda que esta migración tiene una gran movilidad, ya que menos de un tercio permanece por un largo período”.
La mayoría viene en busca de un empleo mejor, “y no para beneficiarse de mejores servicios sociales”, apuntó Grippa durante un acto en el Palacio Nacional en el que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) difundió la ENI-2017 a principio de junio de este año. El diplomático recordó, además, que “(…) por cada inmigrante que vive en el país hay más de tres dominicanos en el extranjero”.
El Banco Mundial resalta que “los migrantes haitianos a República Dominicana contribuyen a la actividad económica con trabajadores jóvenes dispuestos a aceptar los empleos que los ciudadanos dominicanos no quieren ocupar”.
Advierte que una política de apertura hacia la migración se traduciría en un 0.35% adicional del PIB para el año 2022, mientras que “una política de deportación haría que el PIB permaneciera 5.7% por debajo del escenario base para 2022”.
“El comercio se vería afectado por igual, ya que las exportaciones mundiales de RD se reducirían en un 5% frente a la línea de base para el año 2022, mientras que las exportaciones bilaterales hacia Haití se contraerían en más de un 6%”, dice.
* Docente universitario y subdirector del semanario económico elDinero
Artículo publicado en la revista digital Punto de Encuentro de SIGNIS ALC
