Brasilia, Brasil.- En una nota que se hizo pública el 4 de enero, el Consejo Indigenista Misionero, CIMI, repudió las medidas que pretenden aplicar en el país a partir de propósitos que apuntan a descalificar los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos tradicionales, atacar a líderes que luchan por derechos, amenazar y criminalizar defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil.
En el pronunciamiento se cuestiona la transferencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que se encontraba en el Ministerio de Justicia, para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Adicionalmente retiró a la Funai las principales atribuciones, de proceder a los estudios de identificación y delimitación de tierras, promover la fiscalización y protección de las áreas demarcadas, así como de aquellas donde habitan los pueblos que aún no establecieron contacto con la sociedad nacional.
Según se denuncia, el gobierno, a más de vaciar las funciones legales del órgano de asistenci9a a los pueblos y comunidades indígenas, transfirió al Ministerio de Agricultura, comandado por hacendados que hacen oposición a los derechos de los pueblos, la atribución de realizar los estudios de identificación, delimitación, demarcación y registro de áreas requeridas por lo pueblos indígenas. En suma, el gobierno decretó, en su primer acto en el poder, el aniquilamiento de los derechos asegurados en los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal, carta magna del país. Bolsonaro atacó severamente a los pueblos indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, a la diferencia, o de ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro.
Para el CIMI, entregar la demarcación de tierras indígenas y quilombolas a los ruralistas – transfiriendo tal responsabilidad de la Funai y del Incra al Ministerio da Agricultura – el gobierno irrespeta las leyes y normas infraconstitucionales, así como afronta a la Constitución Federal. Entre otros afecta a los derechos culturales de los Pueblos Indígenas con fundamento en el Art. 129, inciso V, de la Constitución Federal.
El Consejo Indigenista Misionero hace público su repudio a tales medidas y denuncia como un componente de acuerdo articulado por la bancada ruralista, empresarios de la minería y de la explotación maderera con el objetivo de desencadenar un intenso proceso de licuación de las áreas demarcadas, entregarlas a los empreendimientos de iniciativa privada del país y del exterior y, además de eso, inviabilizar nuevas demarcaciones de tierras tradicionales.
El Consejo Indigenista Misionero viene a público repudiar tales medidas y denunciarlas como un componente de una colusión articulada por la bancada ruralista, empresarios de la minería y de la explotación maderera con el objetivo de desencadenar un intenso proceso de esbullición de las áreas demarcadas, entregárselas a emprendimientos de la iniciativa privada del país y del exterior y, además, inviabilizar nuevas demarcaciones de tierras tradicionales.
Según entiende el Cimi, el gobierno recién posesionado pretende gestar el país a partir de propósitos que buscan descalificar los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos tradicionales, atacar a líderes que luchan por derechos, amenazar y criminalizar a defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil, es decir, todos aquellos que se pongan en contra del proyecto de explotación indiscriminada de las tierras y de los recursos en ellas existentes. No es casual que la misma medida provisional, determina que una Secretaría de Gobierno, encabezada por un militar, haga el monitoreo de actividades y acciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional.
Para acceder al pronunciamiento íntegro revise el sitio web del CIMI
