La REPAM llama a una acción urgente y unificada para evitar una tragedia humanitaria y ambiental
La Red Eclesial Panamazónica, REPAM, expresó su preocupación por la gravedad del impacto de la pandemia de COVID 19 en la Amazonía, por la devastación que está ocasionando, no únicamente por el número de contagiados sino también por el aumento descontrolado de la violencia sobre los territorios. En un comunicado de la REPAM, que se hizo público este lunes 18 de mayo, en cinco idiomas, se hace un clamoroso llamado a “una acción urgente y unificada para evitar una tragedia humanitaria y ambiental, en consideración a que la realidad en el territorio amazónico es “de proporciones nunca antes vistas”.
En el documento se detallan las acciones emprendidas por la iglesia católica en los territorios amazónicos de los 9 países que conforman la cuenca amazónica (en donde habitan 33 millones de personas, de las cuales 3 millones hacen parte de los pueblos indígenas), en respuesta al pedido de los pueblos indígenas para que la “Iglesia” sea aliada en las demandas de los pueblos amazónicos sea una Iglesia “que estuviera con ellos, una Iglesia que apoyara lo que deciden, lo que quieren y cómo pretenden construir su futuro en este momento tan difícil de la pandemia”, según ha comentado el presidente de la Repam, Cardenal Dom Claudio Hummes.
El comunicado, que lleva la firma de los cardenales Claudio Hummes y Pedro Barreto, presidente y vicepresidente de la REPAM, respectivamente, y de su secretario ejecutivo, Mauricio López Oropeza, se enmarca en la Semana Laudato Si’, en conmemoración al quinto aniversario de la publicación de la Encíclica sobre el cuidado de la Casa Común.
Según el mapeo diario de la REPAM, hasta el domingo 17 de mayo el número de contagiados en la amazonía superaba los 70.000, de los cuales han fallecido 4.178, lo que revela la gravedad del impacto causado por la pandemia del Covid-19.
Frente a esta dramática realidad, en los diferentes países de la Panamazonía “la Iglesia se está haciendo eco de los llamados y pedidos de auxilio, en un contexto que amenaza la supervivencia de este bioma y de comunidades y pueblos indígenas”, detalla.
En Bolívia, los pueblos indígenas denuncian al gobierno por la falta de coordinación y consulta para prevenir y combatir la pandemia; también enfatizan que toda la información no se divulga en los idiomas originales reconocidos por la Constitución.
En Colombia, los obispos reconocen los esfuerzos del gobierno, pero enfatizan que “los pueblos indígenas, los campesinos y los afrodescendientes son los grupos en mayor riesgo, porque ya se encontraban en una situación de pobreza estructural, en condiciones de inseguridad alimentaria y desnutrición, sin acceso a la salud y al agua potable”.
Entre tanto, en Venezuela la situación es preocupante por la inseguridad alimentaria de los pueblos indígenas y por la amenaza que sientes estos pueblos por el posible contagio a causa de las actividades de minería ilegal en sus territorios y el tránsito de los migrantes venezolanos y gente ajena a sus territorios que cruzan sus tierras para que regresar a sus países de origen. Los pueblos indígenas están tomando medidas de aislamiento y manejo y control territorial, tales como la ampliación de sus cultivos dentro de sus territorios y comunidades, para garantizar su soberanía alimentaria.
En Brasil, 32 procuradores del Ministerio Público Federal declaran que “el escenario de riesgo de genocidio entre los pueblos indígenas requiere acciones de emergencia por parte de organismos y entidades públicas”. La Movilización Nacional Indígena establece que existe “una intención evidente del gobierno de evitar que el Subsistema Indígena de Atención Médica funcione”.
En Perú, existe preocupación por la situación de varios pueblos amazónicos, incluidos muchos pueblos indígenas, que han emigrado a las ciudades en busca de trabajo y están totalmente desprotegidos. Los obispos de la Amazonía peruana[6] instan a las autoridades a apoyar su regreso a las comunidades y garantizar que esto se lleve a cabo de conformidad con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
La Alianza de Parlamentarios Indígenas de América Latina solicita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomiende a los países de la región la priorización de medidas específicas para garantizar la protección de la vida de los pueblos indígenas frente a la grave pandemia mundial.
De igual manera, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) solicita contribuciones a un Fondo de Emergencia para la Amazonía, para proteger a los 3 millones de habitantes de la selva tropical que son vulnerables al nuevo coronavirus.
La Iglesia Católica, por su parte, ha realizado esfuerzos máximos, particularmente a través de las Cáritas de cada región, para contribuir con recursos materiales y económicos, así como también con el apoyo social y espiritual.
El virus de la violencia y saqueo de la Amazonía.
Además del mencionado ataque devastador a la Amazonía, otro virus continúa amenazando a las personas y al bosque; El Frente Parlamentario Mixto por los Derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil denuncia: “incluso cuando la pandemia está frenando la economía; la minería y la deforestación ilegal en tierras indígenas de la región siguen en pleno apogeo”.
En Ecuador, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) denunció la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ocurrido el día 7 de abril de 2020, que provocó un grave derrame de petróleo y afectó aproximadamente 97.000 personas que viven en la rivera de los ríos Coca y Napo.
Los 67 obispos de la Amazonía en Brasil asocian la actual crisis socioambiental en este bioma con la notable reducción de las inspecciones y el continuo discurso político del gobierno federal contra la protección ambiental y las áreas indígenas protegidas por la Constitución Federal. Podemos ver “una inmensa tragedia humanitaria causada por un colapso estructural”.
Los obispos denuncian en particular los proyectos de ley para la minería en tierras indígenas y las medidas parlamentarias que intentan definir una nueva regularización de la tierra en Brasil, las cuales eliminan la reforma agraria, la regularización de los territorios de los pueblos indígenas y tradicionales, para favorecer el acaparamiento de tierras, la deforestación y a las empresas depredadoras, regularizando ocupaciones ilegales para la minería y el agronegocio en tierras indígenas.
La minería preocupa también al Policy Forum de Guyana, que denuncia las actividades extractivas que destruyen la selva, y también a la circulación de mineros con industria pesada, siendo un peligro de contagio para las comunidades del interior del país. La extracción de oro fue declarada como actividad esencial por el gobierno por causa de la recesión provocada por el Covid-19 y el aumento mundial del precio de este metal.
Al comentar sobre el preocupante aumento de la violencia en el campo, la Comisión Pastoral de la Tierra Pastoral (CPT)[10] afirma que en 2019, la gran mayoría de los asesinatos debido a conflictos rurales en Brasil (84%) tuvieron lugar en la Amazonía.
Acceda aquí al comunicado íntegro de la REPAM
