Quito, Ecuador.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) denunció el incumplimiento de las leyes y mecanismos de los procesos de consulta previa reconocidos a nivel nacional por los estados. Según señala, la consulta previa, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se respeta y los estados no están asegurando el derecho al consentimiento libre, previo e informado de comunidades indígenas de la cuenca amazónica.
De forma conjunta, los líderes indígenas de las confederaciones amazónicas de 9 países; Brasil, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, hicieron un llamado a la OIT y los estados nacionales a propiciar un dialogo con las comunidades para plantear una concepción propia y nueva de la consulta previa desde la visión de los pueblos indígenas. Insistieron en la necesidad de construir una nueva relación de iguales, donde los Pueblos Indígenas y el Estado u otros actores estén en igualdad de condiciones, en un espacio distinto de discusión y diálogo permanente.
“Los pueblos indígenas de la Amazonía cuestionamos la forma en las que se hacen las consultas porque no se basan en un diálogo igualitario”, declaró el Coordinador General de la COICA, Gregorio Mirabal. “Pero no solo nos quejamos, sino que planteamos una concepción nueva que esté enmarcada en la igualdad, y que se respeten nuestros planes de vida, y nuestra visión de desarrollo. Proponemos que se respete a los pueblos indígenas, nuestros códigos de vida, que se respeten nuestros territorios”.
Según un estudio, publicado a inicios de 2019, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), la aplicación débil es una tendencia global que está exacerbando las amenazas ambientales, a pesar del crecimiento prolífico de las leyes y agencias ambientales en todo el mundo durante las últimas cuatro décadas.
En el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado ratificado por 22 países, la mayoría ubicados en Latinoamérica, la COICA presentó casos de estudio de incumplimiento en los nueve países de la cuenca amazónica, resaltando la falta de voluntad política de los gobiernos amazónicos para garantizar que se respete el derecho al consentimiento; megaproyectos extractivos y de infraestructura que se adelantan en los territorios ancestrales, vulnerando estos derechos fundamentales; la eliminación de derechos constitucionales de los pueblos indígenas; y la criminalización de líderes y comunidades indígenas que intentan defender sus derechos ante invasiones perpetradas por empresas, gobiernos y otros grupos multinacionales.
“Estamos en un momento de crisis,” proclamó Robinson López Descanse, dirigente de OPIAC y de COICA. “Nuestros pueblos y líderes de Colombia están siendo amenazados por el resurgimiento de las fuerzas paramilitares. Yo mismo he recibido amenazas de muerte, así como muchos de nuestros líderes sociales y dirigentes indígenas de la cuenca amazónica. La constante vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y la escasa participación de los pueblos indígenas en la aprobación de leyes y políticas públicas, son temas que exigen la acción inmediata del estado.”
Los líderes instaron que la nueva ley de consulta previa debe tomar lugar en los propios territorios y en espacios de encuentro, tomando en consideración los siguientes principios básicos:
- Respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y sus territorios.
- Respeto y fortalecimiento de la Vida Plena de los Pueblos Indígenas, plasmados en sus Planes de Vida tanto escritos como orales según su derecho a la autodeterminación.
- Respeto a la visión de desarrollo y de economía indígena, con una visión propia de sostenibilidad también recogidas en los Planes de Vida, donde los pueblos proponemos cómo administrar y gestionar nuestros recursos.
Con relación a proyectos e iniciativas estatales y privadas que afectan a comunidades donde no hubo garantías en los procesos de consulta, la COICA exigió la nulidad de la aprobación de dichos proyectos y remediación, en aquellos que han causado impactos y afectaciones a las comunidades.
Para la COICA, “La consulta debe ser libre, sin coacción ni prebendas, debe considerar los planes de vida, y que las obras sean compatibles con nuestros planes de vida,” afirmo Gregorio Mirabal. “Los proyectos extractivos no son compatibles con esto porque destruyen el corazón de la Amazonía. Porque cuando entra una minera le quiebran los huesos a la naturaleza.”
Fuente: COICA
