Activistas brasileños demandan reconocimiento y justicia, en la ONU
Ginebra, Suiza.- Los activistas brasileños Moisés Borges y Leticia Oliveira, miembros del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), denunciaron en la sede de la ONU, en Ginebra, la situación de las víctimas de la reciente ruptura de la represa de minería en Brumadinho (MG), que dejó menos 214 muertos y 91 desaparecidos. “Hoy, en América Latina, sufrimos una enorme regresión. “Ninguno de nosotros está seguro”, dijo Moisés Borges.
Los dos defensores ambientales participaron recientemente de una reunión con miembros de la comunidad internacional de derechos humanos, en la sede de la ONU, para alertar sobre grupo que lucha por los derechos de las comunidades afectadas por ese tipo de construcción en el país.
Los activistas en la defensa de los derechos humanos, particularmente aquellos que defienden derechos ambientales, están en la mira de violencia creciente. El 21 de marzo, Dilma Ferreira Silva, activista y coordinadora regional del MAB en Tucuruí (PA), fue asesinada junto a su marido Claudinor Costa da Silva y al amigo de la familia Hilton Lopes, en un asentamiento en la zona rural de la ciudad de Baião, PA).
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió una nota condenando el crimen y pidiendo investigaciones imparciales, independientes y completas, así como una mayor protección de los defensores de derechos humanos en Brasil.
“Los riesgos de ser un activista en Brasil y en América Latina son grandes, entonces, intentamos trabajar colectivamente para que no haya una persona actuando sola, sino en grupo”, dijo Leticia.
Defensores de los derechos humanos, particularmente aquellos que defienden derechos ambientales, están en la mira de violencia creciente. El 21 de marzo, Dilma Ferreira Silva, activista y coordinadora regional del MAB en Tucuruí (PA), fue asesinada junto a su marido Claudinor Costa da Silva y al amigo de la familia Hilton Lopes, en un asentamiento en la zona rural de la ciudad de Baião, PA).
De acuerdo con el MAB, hay más de 1,5 millones de personas afectadas por represas en Brasil, ya sea por desplazamiento forzado, daños ambientales o accidentes cuando esas construcciones fallan. Borges dijo que se involucró con el MAB cuando percibió que su propia familia estaba amenazada por la construcción de una represa, mientras que sus preocupaciones y derechos no estaban siendo reconocidos.
“Desde allí empecé a entender que la construcción de esas represas era impuesta a nosotros, entonces, me envolví para crear un mundo mejor y evitar que otras personas pasas por la misma cosa”, dijo.
Leticia también fue afectada por la construcción de una represa y se unió al MAB porque quería que la comunidad entendiera mejor la conexión entre personas, medio ambiente y situación económica.
“Necesitamos una nueva forma de reorganizar la sociedad para ser capaces de enfrentar los problemas socioambientales que tenemos hoy. El MAB fue la forma que yo y otras personas encontraron de contribuir “, declaró.
El Consejo de Derechos Humanos reconoció las crecientes amenazas a activistas ambientales. En su última sesión cerrada el 22 de marzo, el organismo aprobó una resolución manifestando “grave preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en todo el mundo y condenó fuertemente asesinatos y todas las demás violaciones o abusos contra activistas ambientales”.
