Informe internacional revela que gobierno hondureño viola derechos de defensores ambientales

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaró el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

Más detalles se puede revisar en el sitio web de OCMAL