Relator de la ONU preocupado por la situación de defensores de derechos en Perú

Según alertó, es necesario abordar con urgencia la creciente criminalización y estigmatización de los defensores de los derechos humanos en todo Perú y de las comunidades locales.

Pese a los encomiables esfuerzos del Gobierno por proteger a los defensores de las garantías fundamentales, Michel Forst destacó que observó que los patrones de amenazas y ataques en su contra se repiten en los departamentos de Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios.

“Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, dijo el experto después de reunirse con unas 450 defensoras y defensores de derechos humanos de varias regiones, de los cuales el 40% eran mujeres.

No obstante, Forst aplaudió “la adopción del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, las medidas adoptadas para ratificar el Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Derechos Humanos”, y alentó al Gobierno a asignarles los recursos humanos y financieros adecuados.

Ejercer una profesión de riesgo

A pesar de ello, destacó los peligros continuos a los que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos, especialmente los encargados de los recursos naturales, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas.

“La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas. Las defensoras de derechos humanos, que abogan por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI también enfrentan ataques de grupos conservadores y religiosos. Los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques”, explicó.

Forst señaló que los defensores de las garantías fundamentales en Perú reciben una retahíla de descalificaciones por parte de diferentes sectores sociales, tales como “terroristas”, “feminazis”, “criminales” o “antidesarrollo”.

“Me preocupa que los funcionarios del Estado, las empresas privadas y los medios de comunicación no entiendan realmente quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos. Debe reconocerse el papel vital de quienes defienden los derechos humanos y con ello contribuyen a la sociedad”, apuntó.

El experto añadió que “en las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente”.

Durante su último día en Perú, el relator especial entregó una Declaración de Fin de Misión con una serie de recomendaciones para las autoridades peruanas y otros actores que buscan mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos.

Fuente: ONU