Proponen derogar delitos contra el honor y garantizar la libertad de expresión

Ciudad de México

En caso de aprobarse dicha iniciativa, representaría un avance importante para la libertad de expresión, considerando el contexto en que los delitos contra el honor han sido y siguen siendo arbitrariamente imputados contra voces críticas a intereses políticos y/o económicos, constituyendo un mecanismo censor que, más allá de proteger derechos, los restringe de manera desproporcional e ilegítima.

La despenalización de los delitos de difamación y calumnia fue también una recomendación de los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

“Derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y reformar los códigos  penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se  apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar  otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En forma simultánea, reformar los códigos civiles de las entidades federativas para garantizar la protección del honor a través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios para las sanciones, conforme a los estándares internacionales. El rol de la SEGOB y el Mecanismo debería ser clave en este sentido.”

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano, derivado de la petición de revisión del caso que en octubre de 2014 presentó ARTICLE 19, en representación de la periodista Lydia Cacho, donde determina que le fueron violados sus derechos humanos (libertad e integridad personales) por los hechos ocurridos contra ella en diciembre de 2005, entre ellos su libertad de expresión, ya que sufrió represalias derivado de la publicación de su libro “Los demonios del edén”. Dentro de esta resolución, el Comité de la ONU recalcó que es necesaria la derogación en todo el país de los delitos contra el honor (difamación y calumnias), puesto que la pena de prisión nunca resulta adecuada ni proporcional.

A lo anterior, también se suma la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de mayo de 2018, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 116/2015, que declaró la invalidez del delito de calumnia en el Estado de Nayarit, ya que limitaba de manera excesiva y desproporcional la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio periodístico.

Según se señala en un pronunciamiento que se publica en el sitio web de Articulo 19, resulta preocupante que este tipo de delitos que amedrentan con su sola existencia y criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión, continúen vigentes. Precisamente, uno de los casos más recientes que ejemplifica su uso arbitrario y la urgencia de su derogación, es el de Leonardo García, ciudadano activista que exhibió un posible conflicto de interés entre funcionarios del gobierno del Estado de Hidalgo y accionistas de una constructora debido a la mala construcción de fraccionamientos, frente a lo cual fue denunciado y vinculado a proceso por difamación en enero de 2018. Este caso lo retoma la misma iniciativa dentro de su exposición de motivos, para derogar dichos delitos.

Más información en el sitio de ARTICULO 19