Informe ahonda en vulneración de derechos digitales en Venezuela

Venezuela.

La deficiente conexión a Internet constituyó una de las principales vulneraciones, al representar 36% de los casos totales. Además, la situación en 2018 empeoró en relación a 2017, pues ese año solo representaron el 18%.

Cortes, robos, así como daños de la infraestructura y de los equipos de conexión -tanto domésticos como de los sistemas que sirven de transporte de la red-, ocasionaron esta situación, que se agravó con los apagones eléctricos que afectaron a varios estados del país.

Por si fuera poco, Venezuela cuenta con una de las conexiones de banda ancha fijas y móviles más lentas de Latinoamérica -1.8 mbps y 2 mbps respectivamente-, cifras que también representan una caída con respecto a 2016 y 2017.

Sin embargo, las restricciones al uso de Internet también perjudicaron a los venezolanos.

Al respecto, algunas violaciones fueron la prohibición a presos políticos recién liberados de brindar declaraciones a través de este medio, así como detenciones a usuarios de redes sociales luego de que emitieran expresiones críticas contra el gobierno.

Los ataques y bloqueos a los servidores y sistemas de Internet también dificultaron el acceso a medios digitales independientes o pertenecientes a organizaciones sociales. Si bien en muchos casos su origen fue desconocido, se detectó que varios provinieron directamente de las empresas proveedoras o entidades gubernamentales.

La privacidad de los periodistas también se vio afectada. En abril de 2018, la periodista venezolana Maibort Petit hizo pública una lista de 98 trabajadores de medios de comunicación, elaborada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para vigilar sus redes sociales y detectar a posibles “traidores a la patria”.

Durante el 2018, tampoco faltaron las intimidaciones, acusaciones falsas y vulneraciones de seguridad de las cuentas personales de los reporteros venezolanos. 30% de los periodistas consultados durante el estudio comunicó que fue víctima de amenazas, mensajes intimidatorios o campañas de criminalización en plataformas digitales.

Uno de los casos más sonados se dio en septiembre de 2018,  cuando varios tuits vincularon al periodista Carlos Julio Rojas y a su madre con una supuesta  operación para “desestabilizar” al país.

Igualmente, las dificultades en la consulta de documentos y datos oficiales en instituciones y plataformas digitales también obstaculizaron el ejercicio periodístico en Venezuela.

Revise el informe completo de Ipys aquí.