CIDH y su Relatoría Especial preocupados por denuncias sobre espionaje en Colombia
Según una investigación periodística, estas actividades se habrían realizado a través de equipos especiales que permiten captar las llamadas de teléfonos celulares y la instalación de un malware denominado “Hombre Invisible” en los dispositivos hackeados. Entre las víctimas se encontraría el director de la revista SEMANA Alejandro Santos, la magistrada Cristina Lombana y el magistrado Carlos Reyes, ambos de la Corte Suprema. Además, se habrían interceptado llamadas telefónicas y mensajes de texto de varios periodistas y activistas. Según la información disponible, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi).
El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, allanaron las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal. Los oficiales que se encontraban en las instalaciones habrían negado realizar actividades ilegales y tener software o herramientas informáticas. La dirección de la procuraduría habría incautado varios equipos.
La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron el martes 14 de enero que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el exjefe del Ejército, Nicasio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos. “Habrá primero que mirar cuáles son los sistemas que se utilizan, si se han utilizado. Cuáles son las labores y los resultados de esa auditoría interna para empezar a tomar una decisión”, aseguró Fabio Espitia, fiscal general encargado. El presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron una investigación interna para establecer si hubo interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema, políticos y periodistas desde oficinas del Ejército.
Fuente: CIDH-RELE
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