Arauca, Colombia.- Los periodistas en Arauca han optado por la autocensura como mecanismo de autoprotección, por la desprotección estatal que sienten frente a la violencia sostenida en esa región colombiana. Así denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que advierte que el ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, situación que afecta, particularmente, a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.
La presencia de grupos armados ilegales en la zona fronteriza, que protagonizan enfrentamientos por el control en la región, sumado a el contrabando y el tráfico de estupefacientes, pone en grave peligro la vida y la integridad de los y las periodistas en Arauca. Sin embargo, a pesar de las múltiples alertas sobre esta problemática, no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades que proteja a la prensa.
La FLIP advirtió que la violencia contra la prensa en Arauca ha sido permanente y tiende a incrementar con el paso del tiempo a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. La Fundación documentó 9 casos en 2017, cifra que casi triplicó en 2019 cuando se registraron 27 ataques a la prensa. Solo entre 2020 y lo que va de 2021 se han registrado 30 violaciones a la prensa en este departamento.
Según el registro de la FLIP, en lo que va de 2021 se han producido al menos 17 ataques a la prensa en el departamento, cuatro más de los que hubo durante todo el 2020. Estos casos corresponden a amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, e intimidaciones durante y después del cubrimiento periodístico.
De manera especial preocupa que en las últimas dos semanas se ha documentado seis ataques, cuatro de ellos amenazas, lo que pone de manifiesto una grave intensificación de la violencia y la necesidad de una rápida respuesta de prevención y protección de parte de las autoridades.
Ante esta situación, el Estado colombiano tiene la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal.
Las y los comunicadores de la región sienten temor de denunciar los ataques en su contra y de continuar con el ejercicio de su trabajo periodístico. Esto tiene un alto costo para la libertad de expresión y de prensa regional y el Estado debe garantizar las condiciones para ejercer estos derechos.
Fuente: FLIP
