Tras la reciente aprobación de las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, en El Salvador, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las restricciones que impone a la libertad de prensa y por la “criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas”. Según el organismo continental de prensa, las reformas contravienen principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público.
La reforma legal fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, fundamentadas en la intención de frenar la violencia en el país. Pero las enmiendas afectan en forma directa el trabajo periodístico, en razón de que prohíbe “a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
Las reformas también declaran ilegales todos “los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada”, que transmitan mensajes relacionados a grupos criminales.
A partir de las reformas, el Código Penal permite el castigo de prisión de 10 a 15 años a quien “elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas” que se refieran a las pandillas.
Así también, la misma sanción tendrán quienes, “por medio de las Tecnologías de la Comunicación e Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general”.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati criticó las reformas en razón que “criminalizan el trabajo de los medios y periodistas”. Según dijo, se trata de “una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña”. Añadió que “un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que “es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, Añadió que la mordaza que se impone al periodismo salvadoreño atenta contra los principios constitucionales sobre libertad de prensa y los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales a la expresión y la información.
El Salvador ocupa la posición 18 entre 22 países en el Índice Chapultepec de la SIP, barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa. “El país centroamericano se acerca a altos niveles de restricción, en un contexto sin precedentes en su historia reciente”, según el Índice.
Fuente: SIP
