Bogotá, Colombia.- Un “paro armado” impuesto por la organización criminal el Clan del Golfo tiene en zozobra a pobladores de 30 municipios de siete departamentos colombianos: Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y Santander. La acción violenta y de terror se produce tras la extradición hacia EEUU del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Mediante un comunicado a la opinión pública, la Iglesia católica, organizaciones etnicoterritoriales y sociales, encargadas de velar por la paz y los derechos humanos, han condenado estos hechos y han pedido a los actores ilegales “cesen inmediatamente las acciones violentas contra la sociedad civil”.
Asimismo han solicitado al gobierno nacional “dar cumplimiento a sus compromisos constitucionales, y así garantizar la seguridad y la paz de forma permanente a los ciudadanos de estos departamentos tan golpeados por el actuar de estos grupos ilegales”.
Llamado al diálogo
La solución al conflicto armado –según las organizaciones firmantes – pasa por un diálogo entre la Institucionalidad y los actores armados, por lo que piden “escuchen el clamor del pueblo colombiano y den signos de construcción de paz a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”.
También hicieron llegar las condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, entre los que se cuentan miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la sociedad civil.
“Invitamos al pueblo colombiano a aceptar el llamado del Papa Francisco, para que promovamos el diálogo y la amistad social”, acotaron.
Redacción: Ángel Alberto Morillo, corresponsal de SIGNIS ALC en Colombia
