Brasil.- La Asociación Brasileira de Periodismo Investigativo (Abraji, por su sigla en portugués), presentó un informe de investigación sobre la violencia contra las mujeres periodistas y ataques de género a comunicadoras(es) en Brasil en 2021. El estudio ofrece datos con registros de ataques públicos contra mujeres, cis y transgénero, medios de comunicación enfocados en pautas feministas y agresiones con características sexistas, homofóbicas, transfóbicas o misóginas, clasificadas como “ataques de género” y que pueden victimar hombres y mujeres (cis o trans) y personas no-binarias.
Los datos del monitoreo señalan que en 2021 hubo un total de 119 ataques contra mujeres periodistas y/o ataques de género envolviendo profesionales de la prensa. Esto significa que, en promedio, ocurre un ataque a cada tres días. Un aspecto marcante es la importancia del género: entre los 119 casos, 38% fueron clasificados como ataques de género.
Esos registros incluyeron, principalmente, ataques a la moral y reputación de las periodistas mujeres (32 casos) y ataques homofóbicos (8) y transfóbicos (1). Se registraron dos casos de violencia física contra mujeres periodistas y dos ataques online motivados por cobertura periodística relacionada al género.
Según el estudio, los términos más utilizados en los insultos a las profesionales de la prensa hacen referencia a los aspectos de género – “perra, “puta”, “chismosa” – y a supuestos enfoques ideológicos de las periodistas – “activista”, “izquierdista” y “comunista”, entre otros.
En 18% de los 119 casos, las víctimas fueron atacadas por su histórico profesional, por sus conexiones (personales o profesionales) o por aquello que representan para el periodismo brasileño.
Sin embargo, 60% de los ataques registrados fueron motivados por cobertura periodística de naturaleza política y 52% de los agresores identificables fueron agentes estatales. Hasta la cobertura sobre la salud fue atravesada por cuestiones políticas: en 80% de los casos en que “salud” fue la principal temática relacionada al ataque, la política estuvo presente como un telón de fondo, la hostilidad contra las periodistas y comunicadores fue, sobre todo, inflamada por opositores de las medidas de distanciamiento social y control de la pandemia, personas antivacunas y grupos que acusan a la prensa brasileña de conspirar contra el gobierno de Jair Bolsonaro.
Los mayores autores de ataques fueron, respectivamente, Jair Bolsonaro, Carlos Jordy, Carlos Bolsonaro, Tercio Arnaud Tomaz, Eduardo Bolsonaro y Rodrigo Constantino. La intensa participación de agentes del Gobierno en las agresiones a la prensa y a los periodistas expresa tendencias recientes de las llamadas autocracias, democracias lideradas por gobernantes autoritarios. En varios lugares, se volvió una estrategia común atacar a los medios de comunicación y a sus profesionales para impedir que ejerzan su papel fiscalizador, minando uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas: el derecho a la información y a la transparencia pública.
Los datos de la investigación revelan que el 69% de los episodios de violencia con más de un agresor fueron iniciados por autoridades del gobierno y empleados vinculados a los poderes del Estado. En 52% de los casos con múltiples agresores, se constató una tendencia de vinculación entre esas autoridades y las redes de trolls en la internet. En estos casos, autoridades públicas iniciaron los ataques y redes organizadas o semi-organizadas de usuarios las amplificaron, reproduciendo los mismos contenidos o muchas veces, los mismos términos, generando un efecto de amontonamiento de mensajes abusivos.
El informe apunta que varias periodistas, como Daniela Lima, Juliana Dal Piva, Mônica Bergamo, Patricia Campos Mello, Amanda Klein y Vera Magalhães sufrieron varios ataques en un mismo año.
El 68% de los 119 casos registrados, las agresiones se originaron en el medio digital. La mayoría de esos casos (93%) fueron discursos estigmatizantes (ataques verbales hechos públicamente, con el objetivo de difamar y desprestigiar a la víctima), además de amenazas y restricciones en la internet.
Frente a esta realidad, la investigación recomienda que las organizaciones periodísticas protejan a sus profesionales, creando canales seguros de denuncia y proporcionando asistencia jurídica, como parte de una construcción de cultura organizacional de combate a esas violencias. Así también se propone que las organizaciones periodísticas ofrezcan entrenamiento en seguridad digital, invirtiendo en la formación de equipos y la adopción de herramientas tecnológicas de monitoreo y protección, entre otras recomendaciones.
El informe de la investigación está disponible aquí.
