Redacción SIGNIS ALC.

El decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal aprobó su Declaración final en la que se pide a los Estados Miembros actuar para “Investigar, enjuiciar y sancionar las amenazas y actos de violencia cometidos contra periodistas”. El encuentro, que se llevó a cabo el 7 de marzo de 2021, en Kioto, Japón, apunta a acabar con la impunidad de los delitos cometidos contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Desde su creación en 1955, el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Crimen reconoció por primera vez las amenazas específicas que enfrentan los periodistas debido a su papel para revelar la corrupción y el crimen organizado. Además, convocó a renovar la cooperación mundial para poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos contra ellos.

Según expresó el jefe de la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas, UNESCO, Guilherme Canela, “los periodistas enfrentan serias amenazas cuando cubren historias relacionadas con corrupción, crimen organizado y transnacional, violaciones de derechos humanos, trata de personas y delitos políticos. La comunidad internacional debe unirse para proteger a los periodistas y acabar con la impunidad por los crímenes y ataques que tienen como objetivo silenciarlos”.

Según datos de la UNESCO, más de 1.200 periodistas fueron asesinados entre 2006 y 2020, cerca de 9 de cada 10 casos de estos asesinatos siguen sin resolverse judicialmente. La asombrosa tasa de impunidad por tales crímenes es un mensaje estremecedor que perpetúa un ciclo de violencia contra los periodistas y priva a los ciudadanos de su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Desde su creación, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal tuvo un impacto significativo en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal e influyó en las políticas y prácticas profesionales nacionales e internacionales. Al comprometerse a mejorar las investigaciones y juicios por los delitos y agresiones contra periodistas, la Declaración final situó efectivamente este tema en el marco más amplio de la lucha contra el crimen organizado, que servirá para definir la política penal de la comunidad internacional durante los próximos cinco años.

Asimismo, la Declaración también hizo un llamado por “instituciones eficaces, responsables, imparciales e inclusivas”, señalando la necesidad fundamental de asegurar la independencia del poder judicial y de garantizar que “la administración y la impartición de justicia sean justas, efectivas, responsables, transparentes y apropiadas”. De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10, el poder judicial tiene un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra el crimen organizado, así como en la protección de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. En este sentido, desde 2013, la UNESCO y sus socios capacitaron a más de 18.000 actores judiciales y 8.500 efectivos de seguridad en estándares internacionales y regionales sobre libertad de expresión, con el fin de fomentar un entorno más libre y seguro para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a nivel mundial.

Organizado en formato mixto, con componentes presenciales y virtuales, el Congreso reunió a más de 5.600 participantes, incluidos los representantes de 152 Estados miembros, 37 organizaciones intergubernamentales, 114 organizaciones no gubernamentales, 600 expertos individuales y varias entidades e institutos de Naciones Unidas.

Fuente: UNESCO