Quito, Ecuador.- El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, que aprobó la Asamblea Nacional, se en encuentra en manos de la Presidencia de la República para su sanción u objeción. Según lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo debe pronunciarse sobre el cuerpo legal en un plazo de 30 días.
La ley fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones. La ley busca lograr la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación.
Según la mayoría parlamentaria que aprobó la ley, el proyecto garantiza que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos puedan ser tutelados por el Estado.
A decir de la legisladora Marcela Holguín, la propuesta normativa no regula la opinión ni permite sanciones penales, a la vez que indició que fue trabajada con muchos sectores que tienen que ver con la comunicación, especialmente la comunitaria. Es un proyecto trabajado con la gente, para la gente, subrayó.
Bofetada a la libertad de prensa
Entre tanto, la Comisión Nacional Anticorrupción cuestionó la aprobación de las reformas a la Ley de la Comunicación por la Asamblea Nacional y calificó como “una bofetada a la libertad de prensa”.
Según publicó, la “Asamblea Nacional al aprobar la “Ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la Comunicación” se evidencia de cuerpo entero en su afán de presecución a la opinión libre y tiene por objetivo, entre otras cosas, impedir que se informe y divulgue sobre los casos de corrupción que han afectado al país”.
Igualmente, la Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP, rechazó la aprobación del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y demandó del gobierno el veto total al cuerpo de ley.
Entra tanto, la subdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, María Eugenia Garcés consideró que las reformas a la ley de comunicación garantizan la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico y el “respeto a la franja de frecuencias comunitarias”, así como la posibilidad de incluir la publicidad en los medios comunitarios, que faciliten su sostenibilidad.
