Denuncian asesinato a defensor del agua y de los páramos en Azuay

Redacción SIGNIS ALC.

Cuenca, Ecuador

Varias organizaciones ecologistas, de derechos humanos y defensoras de la naturaleza condenaron el asesinato de Andrés Durazno, ocurrido en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay. Según un comunicado llegado a la redacción de SIGNIS ALC, el crimen se registra “en el contexto extractivo minero”.

En la denuncia se destaca que “Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro”.

En otra parte del comunicado se reconoce a Andrés Durazno “como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo”.

Las organizaciones denunciantes exigen que “la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas”, porque según advierten, el crimen “no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva”. Agregan que “Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros”.

Así también exigen de la Fiscalía General del Estado “que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio. Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha”, concluye el comunicado.

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